Biden enfoca nueva estrategia antidrogas en la reducción de daños

La Estrategia Nacional de Control de Drogas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, privilegia un enfoque en la salud para mejorar el tratamiento de las adicciones e invertir en la reducción de daños, un viraje sin precedentes.

La nueva política representa un cambio sustancial a la orientación policial y militar de la “guerra contra las drogas” iniciada por el presidente Richard Nixon en 1971.

¿Por qué es importante? La nueva estrategia busca salvar vidas. Se registra en el contexto de una crisis por sobredosis de drogas, que en un año causó el fallecimiento de más de 107 mil personas en Estados Unidos.

En México fallecieron 1,192 personas por “consumo de drogas ilícitas” entre 2010 y 2019, de acuerdo con el informe más reciente de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
De 2006 a marzo de 2022 fueron asesinadas 410 mil personas en México, según los datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP. Dos terceras partes presuntamente tienen relación con la delincuencia organizada.

Lo que dice Biden. “Esta estrategia persigue dos grandes impulsores de la epidemia de opiáceos: la adicción no tratada y el tráfico de drogas”, dijo el presidente.

“Es hora de que tratemos la adicción como cualquier otra enfermedad”.
“Y al mismo tiempo, estamos interrumpiendo las redes financieras, las cadenas de suministro y las rutas de entrega de los narcotraficantes, incluso en Internet”.

En qué consiste la estrategia. Biden entregó al Congreso un documento de 152 páginas en el que informa sobre una modernización de la política sobre drogas en apoyo a la saludo pública.

Se centra en garantizar el acceso al tratamiento por uso problemático de sustancias y por primera vez incluye un capítulo sobre reducción de daños.
Incluye un plan de reconocimiento y adopción de Programas de Servicio de Jeringas (Syringe Service Programs).
Apunta a las ganancias financieras para desbaratar las redes de los grupos criminales a nivel internacional.
Propone un cambio en los indicadores de evaluación, que durante décadas fueron la cantidad de drogas incautadas y cultivos erradicados en países como México y Colombia.
El nuevo enfoque de Biden plantea evaluar “la gama completa de tendencias y actividades, incluidos los patrones de consumo, las consecuencias del uso de drogas, la prevención, la reducción de daños, el tratamiento, la recuperación, la producción, el transporte y la distribución de drogas por parte de las organizaciones narcotraficantes, y muchos más”.

Sí, pero. El plan del presidente Biden ha recibido “un amplio apoyo de los líderes de salud pública, seguridad pública y líderes locales, estatales y federales”.

La nueva estrategia, los Programas de Servicio de Jeringas y otros de reducción de daños “salvarán vidas, mejorarán la salud y probablemente tendrán un beneficio económico favorable para la sociedad”, señala la Estrategia Nacional de Control de Drogas.

Para la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), es “un gran paso hacia adelante con respecto a las emitidas por gobiernos tanto demócratas como republicanos en las últimas tres décadas”.
No obstante, las innovaciones positivas “corren el riesgo de verse socavadas de mantenerse el tipo de políticas que han exacerbado la crisis actual y que continúan absorbiendo la mayor parte de los recursos: la criminalización de drogas y expectativas exageradas de lo que se puede lograr por medio de esfuerzos de control de la oferta en el extranjero”.
El plan de Biden “instruye a las agencias a trabajar con los gobiernos socios en los países productores y de tránsito de drogas para evitar que las drogas ilícitas lleguen a nuestra frontera”.

¿Qué es la “reducción de daños”? Son políticas, programas y prácticas “que apuntan a minimizar los impactos negativos en la salud, sociales y legales asociados con el uso de drogas, las políticas y las leyes sobre drogas”, de acuerdo con Harm Reduction Internatinal.

“Se basa en la justicia y los derechos humanos. Se enfoca en el cambio positivo y en trabajar con personas sin juzgar, coaccionar, discriminar o exigir que dejen de usar drogas como condición previa para recibir apoyo”.
Abarca una variedad de prácticas y servicios sociales y de salud que se aplican a las drogas lícitas e ilícitas, como, salas de consumo de drogas, programas de agujas y jeringas, iniciativas de vivienda y empleo que no se basan en la abstinencia.
Además, control de drogas, prevención y reversión de sobredosis, apoyo psicosocial y suministro de información sobre el uso más seguro de drogas.

¿Qué sigue? “Con vidas en juego cada hora de cada día, el Congreso debe actuar rápidamente y de manera bipartidista para garantizar una financiación sólida de largo plazo para el corazón de la estrategia de Biden”, dice WOLA.

El Congreso debe asumir el desafío “de evaluar si las recopilaciones de datos tradicionales sobre políticas de drogas de EE. UU. están a la altura de las estrategias para salvar vidas o si, por el contrario, se han desconectado de los resultados del mundo real”.