En 2019, Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General del Estado y de la Consejería Jurídica, promovió denuncias civiles en tres juzgados de Texas para reclamar la devolución de 49 propiedades que César Duarte, sus hijos y esposa adquirieron en Estados Unidos.
- Gobierno del Estado denunció que los bienes de César Duarte Jáquez en Estados Unidos tienen un origen ilícito, por lo que solicitó su devolución.
- El valor de los bienes inmuebles se calculó en 25 millones de dólares.
- Sin embargo, cuando la gobernadora María Eugenia Campos Galván entró en funciones en septiembre de 2021, las denuncias contra César Duarte en Texas fueron abandonadas, se dejaron de presentar pruebas existentes y de responder a citatorios.
- El jueves 26 de junio de 2025 se dio a conocer que las autoridades de Texas desestimaron las denuncias contra César Duarte, por la falta de presentación de pruebas durante el proceso, no por la inocencia del priista.
Por qué es importante: La falta de seguimiento a las denuncias civiles contra César Duarte en Estados Unidos es parte del pacto de impunidad entre la gobernadora Campos Galván y el exgobernador priista, lo que se refleja en su liberación y apariciones públicas como una burla al pueblo de Chihuahua.
Contexto: Las denuncias civiles fueron presentadas por la firma de abogados The Buzbee Law Firm, que documentó la adquisición de las propiedades en Texas, Nuevo México y Florida, sin realizar ningún cobro.
- El juicio civil buscaba recuperar, a través de esos bienes, parte de lo robado por la corrupción de César Duarte a favor del pueblo de Chihuahua.
- César Duarte no probó su inocencia, ni le fue necesario, ya que no era una acusación penal, porque al despacho de le ataron las manos desde el actual Gobierno del Estado para que no pudiera probar la demanda que había presentado años antes, negándole el acceso y la entrega de evidencia, la cual ya habían revisado y sabían que existía.
El 2 de agosto de 2020, el periodista J. Jesús Esquivel publicó en el entonces semanario Proceso, un reportaje que documentó 22 casas que compró César Duarte en Texas y Nuevo México, a través de familiares, operadores y prestanombres:
Distorsión informativa: Los medios cooptados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván han reproducido la versión de César Duarte y sus abogados, de que la demanda costó al erario estatal y que fue una “acusación de Corral”.
- En una conferencia de prensa, César Duarte dijo que “se dilapidó dinero del pueblo de Chihuahua para construir estas mentiras, pagaron a rimbombantes despachos norteamericanos para llevar a cabo esta persecución que no pudieron probar nada”.
- Esto es falso.
- No se pagó ni un peso al despacho y quien dejó de presentar pruebas en su contra fue la gobernadora Campos Galván y su equipo.
Más mentiras: Duarte dijo que, “tras más de cinco años de investigaciones exhaustivas por parte del FBI, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Corte concluyó que no existe una sola prueba que sustente las acusaciones”, según El Diario.
- La afirmación del exgobernador priista es una mentira que están reproduciendo los medios locales y algunos del centro del país.
- Desde 2019 se informó por el entonces Gobierno del Estado que no era un juicio penal, no se trataba de una acusación penal por lavado de dinero, ni impulsada por fiscales norteamericanos.
- Tampoco era una investigación del FBI ni autoridad policial ni financiera de EEUU, no es la absolución de un delito, de acuerdo con la resolución y las fuentes consultadas.
- Se trató de una demanda civil presentada en Texas para recuperar activos.
- La denuncia fue desestimada, no por falta de razón y argumentos, sino porque el actual Gobierno de Chihuahua —que la impulsó al inicio— nunca entregó la evidencia solicitada.
- Tras el cambio de administración, el nuevo gobierno dejó de colaborar y, en lugar de buscar justicia, protegió al demandado.
- Durante cuatro años, el despacho estadounidense buscó y esperó los documentos, sin respuesta.
Por ejemplo, el 31 de mayo de 2024, el despacho envió este documento al Director Jurídico de la Fiscalía General de Chihuahua, Carlos Mario Jiménez, a través de una Ministerio Público, pero no hubo respuesta:
Hechos: Gobierno del Estado no pagó ni un peso del erario estatal por los honorarios del bufete jurídico The Buzbee Law Firm.
- En 2019, el entonces gobernador Javier Corral dijo que los honorarios serían cubiertos cuando fueran recuperados los recursos ilícitos utilizados por Duarte Jáquez.
- Quienes firmaron el acuerdo entre Gobierno del Estado con el bufete, para llevar el caso, fueron los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General del Estado, como se informó en su momento.
- El entonces gobernador Javier Corral no firmó ningún documento relacionado con las denuncias.
- Cuando terminó la administración 2016-2021, los asuntos a darle seguimiento se fijaron en la entrega recepción, entre ellos los juicios civiles por las 49 propiedades de César Duarte en Estados Unidos.
Abandono y desinterés: En la actual administración, María Eugenia Campos Galván, César Jáuregui Moreno (como Secretario General de Gobierno y Fiscal General del Estado) y el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, nunca respondieron las solicitudes de información que les requirió el bufete para ofrecer elementos de prueba durante el proceso.
- Los abogados requirieron información, pero nunca los atendieron.
- Es obvio que la administración de Campos Galván abandonó el asunto y no continuó con la denuncia.
- El abandono y desinterés, en complicidad con César Duarte, fue para ayudarle a recuperar las 49 propiedades e incluso cuentas bancarias.
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