El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, recibió más de 4 mil 700 firmas de respaldo ciudadano a la iniciativa que impulsa para fortalecer la protección jurídica, la dignidad y la integridad de las y los trabajadores de la educación frente a denuncias infundadas, amenazas y actos de violencia institucional o digital.
- Torres Estrada estuvo acompañado por las maestras Dalila Flores Gutiérrez y Clara Cecilia Iturralde Ávila, durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso del Estado el viernes 31 de julio.
- La propuesta legislativa plantea reformas a la Ley Estatal de Educación y al Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito de establecer mecanismos que garanticen un entorno de mayor seguridad para el personal docente, directivo y administrativo, sin menoscabo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa busca atender una problemática que durante años ha dejado en estado de vulnerabilidad al magisterio, explicó Torres Estrada durante su intervención.
- Lo anterior, al enfrentar procesos administrativos o penales derivados de acusaciones que, en numerosos casos, terminan por demostrarse falsas, pero que generan daños irreparables en la salud, la estabilidad laboral, el patrimonio y la reputación de las personas afectadas.
- El diputado informó que integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado han mostrado interés en analizar la propuesta, al reconocer que, aunque previamente se trabajó una iniciativa relacionada con protocolos de actuación, la presentada por Morena incorpora un componente que actualmente no existe en la legislación: sanciones para inhibir conductas que buscan afectar deliberadamente la carrera y la integridad de las y los docentes.
Torres Estrada enfatizó que la iniciativa no pretende limitar el derecho de denunciar ni encubrir conductas indebidas, sino garantizar que las acusaciones cuenten con sustento y evitar que las denuncias falsas se conviertan en un mecanismo de persecución contra quienes desempeñan la labor educativa.
- Lo que buscamos es terminar con la impunidad de quienes utilizan acusaciones sin fundamento para dañar la vida profesional y personal de maestras y maestros”.
- “Defender a las y los trabajadores de la educación también significa defender la calidad de la educación pública”, sostuvo.
Como parte de la reforma, se propone incorporar a la Ley Estatal de Educación la obligación de madres, padres de familia y tutores de conducirse con respeto, decoro y civilidad hacia el personal docente, directivo y administrativo, absteniéndose de realizar actos de intimidación, difamación o violencia física y verbal.
- La iniciativa plantea modificar el Código Penal del Estado para incrementar en una tercera parte las penas cuando el delito de amenazas sea cometido en contra de personas docentes, reconociendo la vulnerabilidad que enfrenta el magisterio y la necesidad de brindar una protección reforzada a quienes desempeñan una función esencial para la sociedad.
Durante la conferencia de prensa, la maestra Dalila Flores Gutiérrez entregó al diputado las más de 4 mil 700 firmas reunidas entre docentes de distintas regiones del estado, señalando que el respaldo refleja la preocupación existente dentro del sector educativo por la falta de mecanismos eficaces que protejan a quienes enfrentan acusaciones sin fundamento.
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