El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción determinó que la reforma constitucional para nombrar magistraturas del Poder Judicial “pone en riesgo al Sistema de Justicia de Chihuahua y da entrada a una posible captura por parte de grupos de interés”.

¿Por qué es importante? “Es esencial que las y los magistrados sean seleccionados con base en su competencia, su experiencia, conocimientos y otras aptitudes”, de acuerdo con el CPC de Chihuahua.

• “Esto debe ser mediante procesos objetivos, justos y transparentes”.
• “Que además eviten que quienes tomas las decisiones dentro del Poder Judicial sean influenciados por intereses políticos y particulares”.
• “La nueva forma en la que se designan magistraturas abre la puerta a la simulación que puede derivar a elección por dedazo”.
• “Los otros 2 poderes (Legislativo y Ejecutivo) pueden elegir a conveniencia a personas que no aptas, disminuyendo la autonomía del poder judicial”.

De qué se trata. El 1 de junio se publicó un decreto de reforma constitucional mediante el cual se modificaron las bases para nombrar a las magistraturas del Poder Judicial.

• Se estableció que, cuando se tenga que sustituir una nueva magistratura, en lugar de realizar un concurso de oposición para elegir a la persona más apta, se hará una comisión que incluirá a un miembro de los tres poderes para elegir.

Los riesgos. “En lugar de un proceso de selección objetivo y por méritos, se cambió por uno basado en acuerdos entre poderes”, lo cual reduce su autonomía.

• Con la reforma “no se considera la experiencia, conocimiento, aptitudes de las personas y existe el riesgo de que la elección sea a partir de criterios políticos o interes distintos a los públicos”.
• “Las magistraturas deben resolver las decisiones de las y los jueces, además de elegir entre sus integrantes a las presidencia, no solamente del Tribunal, sino del Consejo de la Judicatura -el cual tiene gran eso en las decisiones que toma el Poder Judicial”.

Posicionamiento del CCP. “Consideramos que esta forma de designar magistrados y magistradas, sin que exista un procedimiento que garantice que las personas nombradas tengan los valores y aptitudes necesarias para su cargo, pone en riesgo al Sistema de Justicia en Chihuahua”.

• También “da entrada a una posible captura por parte de grupos de interés”.
• “Lamentamos que, hasta donde sabemos, no se haya consultado la opinión de la ciudadanía sobre estas modificaciones”.
• “No se tiene evidencia de que las opiniones realizadas a través del buzón legislativo ciudadano de la página oficial del Congreso del Estado hayan sido considerados en estas reforma”.

El Comité de Participación Ciudadana realizó dos posicionamientos más:

Lineamientos de la SFP a modo. El sábado 21 de mayo de año 2022 fue publicado en el Periodico Oficial del Estado el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que Regulan el Procedimiento de Designación de las Personas que Conformen los Órganos Internos de Control en la Administración Pública del Estado de Chihuahua”.

• Los Lineamientos omiten “establecer en las etapas un mecanismo de selección, designación —y en su caso ratificación— de OIC que abone a la despolitización por profesionalización que asegure condiciones de competencia con certeza jurídica/procesal para las partes y procedimientos transparentes por etapas”.
• “Es decir, que los tiempos y lógicas de cada etapa del proceso estén claramente delimitados temporal y procedimentalmente, con claridad absoluta respecto a las reglas del juego, el formato deliberativo- participativo y/o decisorio, así como los roles correspondientes a los actores involucrados”.

El Comité Estatal de Participación Ciudadana maniefiesta su preocupación de que “los lineamientos de designación de titulares e integrantes de los Órganos Internos de Control emitidos por la Secretaría de la Función Pública no cumplan con las bases mínimas que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• Sobre todo, “que no exista la voluntad de adoptar los mejores estándares nacionales basados en evidencia técnica construida en el seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que ayudarían a comenzar a construir confianza de las personas con las instituciones encargadas del control interno, auditoría, responsabilidades administrativas de servidores públicos, entre otros”.

Recomendaciones “en visto”. El Comité Coordinador del CPC realiza recomendaciones a los entes públicos no vinculantes, para prevenir hechos de corrupción y mejorar el desempeño del control interno buscando mejorar sus normas.

Los entes públicos deben responder en 15 días.

• En el Informe 2021 se enviaron a 302 entes públicos diversas recomendaciones. A la fecha solo 69 respondieron (23%).
• “Esta falta de respuesta puede deberse a que no le dan la importancia adecuada al Sistema Estatal Anticorrupción o desconocen su obligación de responder; además, el no dar respuesta puede representar una falta administrativa grave”.
• En mayo de 2022 se envió un oficio a 246 entes para recordarles que deben responder, pero 233 de ellos nuevamente no respondieron.
• “Es por eso que vamos a pedir que se investigue y en su caso se aplique una sanción administrativa”.

Los posicionamientos están firmados por René Moreno Medina, presidente del CPC; y los integrantes, Miguel Salvador Gómez González, Carmen Lucía Álvarez González, Jesús Abbud Yepiz y Gisela Anali Rodríguez Burciaga.

Los tres posicionamientos del Comité Estatal de Participación Ciudadana pueden consultarse aquí:

• Sobre la reforma para la designación de magistraturas

• Sobre la selección de titulares de Órganos Internos de Control

• Sobre las recomendaciones no vinculantes y como las dejaron en visto 233 entes del estado