Gobierno del Estado de Chihuahua entregó su principal proyecto de seguridad a una empresa señalada por dar “moches” y cobrar equipo con sobreprecio.

También clasificó como “información reservada” durante cinco años el contrato por 4,200 millones de pesos que otorgó a SeguriTech Privada mediante adjudicación directa.

El monto incluye la construcción de la Torre Centinela en Ciudad Juárez y la implementación de la Plataforma Centinela en el estado.

Por qué es importante. Los contratos por asignación directa y en la opacidad, otorgados por el Gobierno de Chihuahua a SeguriTech, representan riesgos de corrupción, conforme a la metodología del Instituto Mexicano para la Competitividad.

• Gobierno del Estado se negó a proporcionar versiones públicas sobre las condiciones del contrato, a transparentar las fuentes de financiamiento y el procedimiento de pago que se realizará a lo largo de cinco años.

Información “reservada”. El 25 de marzo de 2022, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado clasificó como de “carácter reservada” la información “referente a los procedimientos de adquisición de los insumos, bienes y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la Plataforma Centinela”.

• El periodo de reserva es por cinco años.
• Emitió el Acuerdo de Clasificación “ACR-01-2022”, con las firmas de Bianca Luz Guadalupe Nevárez Moreno (presidente), Susana Isela Bazaldúa Martínez (secretaria) y César Komaba Quezada (vocal).
• El 10 de agosto de 2022 se colocó la primera piedra para la construcción de la Torre Centinela en las calles Abraham González y Pino Suárez, en la zona centro de Ciudad Juárez.
• Las autoridades anunciaron la edificación de una torre de 20 pisos que se pretende concluir en febrero de 2024 como un C-5.
• Y la creación de la Plataforma Centinela en el estado, la adquisición de casi 8 mil cámaras, 807 estaciones de trabajo 74 drones, software y 1,920 tabletas.

Da clic en la imagen para consultar el Acuerdo de Clasificación de Información Reservada “ACR-01-2022” (PDF):

“Famosa por sus moches”. En mayo de 2021, en un debate durante la campaña por la alcaldía de Benito Juárez en la CDMX, la candidata de Morena-PT, Paula Soto, señaló al panista Santiago Taboada de “lucrar con el presupuesto de seguridad” al contratar a SeguriTech por un servicio innecesario.

• “Seguritech es una empresa famosa por sus moches a la que se le pagó 2.5 mdp por adjudicación directa para lectura de placas, un servicio con el que ya cuenta el Gobierno de la Ciudad (de México)”, publicó Soto.

Contexto. La empresa inició un rentable modelo de negocio mediante la oferta de sistemas de videovigilancia y sistemas de inteligencia durante la gestión de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, donde obtuvo sus primeros contratos millonarios.

• SeguriTech, con sede en la CDMX, es propiedad de Ariel Zeev Picker Schatz, quien inició la empresa en 1995 vendiendo alarmas.
• Con Peña Nieto como presidente, SeguriTech fue la principal beneficiaria en la construcción y equipamiento de centros de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano (C-4) en distintos estados del país.
• En la mayoría de los casos, investigaciones periodísticas han identificado la colusión de servidores públicos con la empresa para ocultar los contratos multimillonarios y el pago de sobreprecios en el equipamiento de los inmuebles.

El negocio de la seguridad. En febrero de 2018 la revista Proceso publicó que, a esa fecha, Seguritech había obtenido contratos por 22 mil 307 millones de pesos en 11 entidades federativas por distintos servicios de videovigilancia y renta de instalaciones C5.

• “La reputación de Seguritech ha sido muy cuestionada por su falta de capacidad técnica, altos precios, así como poca transparencia en los procesos de adjudicación en los que ha participado”.
• “Sus principales referencias, Estado de México y Guanajuato, no han cumplido con las expectativas considerando las altas inversiones realizadas”, según el reportaje “Seguritech: servicio deficiente, ganancias millonarias”.

En el Estado de México el gobierno de Eruviel Ávila le otorgó un contrato para instalar 10 mil cámaras de videovigilancia por 6 mil 379 millones de pesos, en diciembre del 2013, y para mayo de 2014 le modificó el contrato original para incrementarlo a 6 mil 721 millones

• Según el contrato citado por Proceso, la empresa privada le propuso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense abarcar 30 municipios durante 49 meses para dar servicios de “solución integral de enlace y monitoreo de vigilancia urbana”.
• La “solución integral” incluye videovigilancia urbana, arcos carreteros, red de transporte de datos, administración de video, sistema de posicionamiento GPS, sistema de atención a llamadas de emergencia, administración y consolidación, adecuación y equipamiento del C4 estatal, adecuación de centros de mando regionales y municipales, de acuerdo con el reportaje.
• Además, “mantenimiento preventivo y actualización tecnológica”.
• “Las quejas por el mal servicio de Seguritech se han multiplicado en el Estado de México, en especial en municipios altamente poblados como Ecatepec y Tlalnepantla”, según Proceso.

Contratar sin licitación. El periódico Noroeste de Sinaloa publicó el reportaje “Inseguridad: La mina de oro”, en el cual documenta el modus operandi de SeguriTech y las irregularidades detectadas en varios estados.

• “Las entidades contrataron a la firma para rentarle, con contratos multianuales, tecnología y edificios para inteligencia en seguridad”, según el periódico.
• “Entre los servicios que ofrece SeguriTech están los edificios que se llaman C4 o C5, que son complejos para crear inteligencia policial”.
• Así como “vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital”.

En Guanajuato, en 2012, el gobierno de Miguel Márquez Márquez “apostó por un proyecto de combate a la violencia llamado Proyecto Escudo, que se pensó para reducir el índice de delitos, aunque la estrategia resultó contraria”, informó Noroeste.

• La Auditoría Superior del Estado promovió sanciones administrativas porque se contrató mediante asignación directa un modelo de arrendamiento con opción a compra con pagos multianuales sin autorización del Congreso estatal.

En Guerrero, “la empresa se comprometió con la instalación de botones de pánico, alarmas vecinales y videocámaras en el municipio de Acapulco de Juárez, pero no cumplió”.

• “En una auditoría local se encontró que dicha empresa hizo instalaciones indebidas, por ejemplo, puso videocámaras en postes de luz y en postes de empresas privadas de telefonía y cable”, señala el reportaje.

En Oaxaca, la Auditoría Superior de la Federación detectó en 2008 que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz contrató a la empresa SeguriTech para los servicios de equipo de vigilancia por un monto de 5 millones 900 mil pesos, de acuerdo con Noroeste.

• “Sin embargo, la compra fue de forma irregular: a través de una adjudicación directa con la razón de ser una situación de urgencia en seguridad y sin dejar evidencia de la firma de un contrato”.
• Por el incumplimiento, la ASF promovió una investigación, la cual se respondió hasta 2014.
• “El Gobierno de Oaxaca respondió que después de tanto tiempo era difícil realizar una investigación, por lo que solicitaba sobreseer el caso, situación que la Auditoría Superior de la Federación aceptó”, publicó Noroeste.

El caso Sinaloa. El gobierno de Mario López Valdez contrató la firma Comunicación Segura S.A. de C.V., filial de SeguriTech Privada S.A. de C.V., para arrendar un complejo de seguridad C4, vehículos blindados, vehículos de videovigilancia, arcos carreteros y videocámaras para instalar en Culiacán y Mazatlán, publicó Noroeste.

• “La empresa incluyó la construcción de un edificio donde albergaría el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia que se conoce también como C4i”.
• “El costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos que se debió terminar de pagar el 31 de diciembre del 2016”.
• La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos con la empresa.
• “Se encontró que el equipo que se arrendó no recibió mantenimiento como se estipuló en el contrato y que no se cuenta con las bitácoras”, de acuerdo con Noroeste.
• “A la fecha el Gobierno de Sinaloa sostiene una negociación con la empresa para reducir la deuda por distintas irregularidades que fueron reservadas para evitar situaciones legales”.

El semanario Zeta de Tijuana publicó en febrero de 2021 el reportaje “Baja California C5i: Simulación, opacidad y negocio”, en el que documenta sobrepecios cobrados por SeguriTech en un contrato de 789 millones de pesos a pagar en 10 años.

• “El C5i fue rechazado públicamente por los partidos de minoría en el Congreso, por algunas asociaciones civiles, y por el Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California”.
• “El Consejo Ciudadano hizo un estudio, donde el costo que aquí se nos plantea, son 300 millones menos”, expuso en la sesión de octubre de 2017 el entonces diputado, Catalino Zavala.
• “Los equipos estaban hasta tres, cuatro veces más caros de lo que era el valor de mercado de los mismos, no eran equipos de primera generación”, dijo a Zeta Juan Manuel Hernández Niebla, presidente estatal del Consejo Ciudadano.
• “Te doy un ejemplo, el de los arcos lectores de placas, es tecnología analógica, cuando ya entonces existía tecnología de inteligencia virtual, en el hecho de que, si la placa que cruza por el arco tiene lodo o está doblada, el sistema no lo alcanza a reconocer, y ya existía tecnología que sí lo alcanzaba a reconocer”.

Denuncia por desvíos. En noviembre de 2021, la asociación civil Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por posibles faltas administrativas graves y no graves cometidas por servidores públicos de Baja California, derivado de la investigación periodística de Zeta y el Border Hub.

• Las faltas administrativas graves señaladas en la denuncia son por desvío o uso indebido de recursos públicos.
• La Función Pública remitió el expediente a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja California para que sea esa dependencia la que inicie la investigación.