Jueces federales emitieron dos amparos en los que ordenan a los gobiernos federal y estatal la reparación del daño a familias que fueron desplazadas de comunidades de la Sierra Tarahumara hace siete años.
¿Por qué es importante? Se trata de dos sentencias paradigmáticas porque se les ampara por la falta de protección que debieron brindarles las autoridades en el territorio en el que vivían, informó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm),
- Las dos sentencias son favor de personas desplazadas de comunidades de El Manzano y Monterde de los municipios de Uruachi y Guazapares, ubicados en la Sierra Tarahumara.
- Las familias fueron desplazadas por integrantes del grupo criminal encabezado por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco.
Las autoridades responsables son la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado.
En las sentencias, emitidas el 12 y 19 de agosto, los jueces resolvieron:
- Que el Fiscal General del Estado y Fiscalía General de la República informen, el estado y avance de las carpetas de investigación (iniciadas por el desplazamiento).
- Que realicen las acciones necesarias para que puedan regresar con seguridad a los lugares donde vivían, así como que cesen de criminalizarles y discriminarles.
Sobre la ayuda humanitaria, los jueces ordenan a las autoridades que continúen brindándola hasta lograr las soluciones duraderas, lo que incluye:
Garantizar la educación sin costo, brindar uniformes y útiles escolares, así como un programa de regularización para los niños y jóvenes y acompañamiento para su inserción escolar.
- Inscribir a los quejosos de manera gratuita a los servicios de salud pública.
- Mantener los apoyos de alimentación y alojamiento en condiciones de seguridad y vivienda digna, agua potable, vestido adecuado y las condiciones de seguridad necesarias para proteger a las familias de ataques o actos de violencia generadas por la persecución de grupos delictivos.
- Capacitar a las personas adultas.
- Concluir las gestiones de donación de terrenos y la construcción de sus hogares.
- Facilitar la expedición de documentos oficiales necesarios.
- Adoptar las medidas necesarias, para detener la apropiación, destrucción, ocupación, usurpación o uso arbitrario e ilegal de su patrimonio en la comunidad de origen.
- Gestionar la recuperación de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron.
- Indemnizar a las personas desplazadas de acuerdo a los parámetros internacionales.
La Cedehm urgió la promulgación de la Ley General en Material de Desplazamiento Forzado Interno, cuya iniciativa se encuentra en la Cámara de Senadores desde hace casi dos años y continua en espera de una resolución.
(Foto: @cedehm)
