La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el sobreseimiento del juicio de amparo en revisión que promovió Gobierno del Estado de Chihuahua en 2019 para ser reconocido como víctima por el desvío de 247 millones de pesos en la Operación Safiro.

• La resolución, cuatro años después, implica que las autoridades de Chihuahua no podrán continuar con las investigaciones por la entrega de recursos públicos a campañas electorales del PRI por el gobierno de César Duarte Jáquez en 2016.

Contexto. El esquema de triangulación de recursos mediante empresas fantasma fue acordado entre Duarte Jáquez y el entonces secretario General Adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja, en colusión con funcionarios duartistas y de la Secretaría de Hacienda federal.

• La Coneja aparecía como socio de las empresas fantasma en las que fue depositado el dinero, de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua de la administración 2016-2021.
• La Secretaría de Hacienda de la anterior gestión estatal dio seguimiento a la ruta del dinero y a los beneficiarios finales con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Más contexto. La Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral demostró con suficientes pruebas que durante el gobierno de Duarte Jáquez se creó una red de empresas para dispersar ilegalmente 247 millones de pesos del erario, como parte de la Operación Safiro.

• Sin embargo, en marzo de 2023, el Consejo General resolvió que no podían aplicar una sanción electoral al PRI debido a que no se pudo demostrar que los recursos ingresaron a ese partido o que se utlizaron en campañas priistas.
• El INE determinó dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que inicien una investigación de los hallazgos de la Unidad de Fiscalización.
• La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE dio vista a la Fiscalía General de la República.

Antecedentes. Por ese desvío, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue procesado penalmente por la Fiscalía estatal, durante la Operación Justicia para Chihuahua, implementada por el gobierno de Javier Corral entre 2016 y 2021:

• La Coneja fue detenido el 20 de diciembre de 2017 y enjuiciado en el fuero común por el desvío de 247 millones de pesos del erario de Chihuahua, pero la Procuraduría General de la República ejerció la facultad de atracción bajo el pretexto de que se trataba de recursos federales.
• El gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció ese argumento porque el dinero provenía del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Fortafin, que fue entregado para programas de la Secretaría de Educación de Chihuahua.
• Después, la PGR sobreseyó el caso, exhibiendo una evidente protección del gobierno de Peña Nieto al exfuncionario del CEN del PRI.

Detalles. El 4 de mayo de 2018, el juez Gerardo Moreno García, entonces adscrito al Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, resolvió que no podía reconocer el carácter de ofendido al Gobierno del Estado de Chihuahua.

• El mismo juez había determinado que los recursos desviados provenían del presupuesto federal asignado a la Secretaría de Educación de Chihuahua por la SHCP.

El amparo en revisión 921/2019 —que fue sobreseído por la Suprema Corte— fue promovido por la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica de Chihuahua contra una resolución del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

Por qué es importante: La Operación Safiro representa un robo de 247 millones de pesos al pueblo de Chihuahua en la impunidad.

• En 2018, el presidente Peña Nieto quitó la investigación del desvío de $247 millones al gobierno de Javier Corral para protegerse a él mismo, a La Coneja, a Manlio Fabio Beltrones y a César Duarte.
• También, para blindar a funcionarios encabezados por Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, responsable de autorizar las transferencias a los estados.

Muertes extrañas. En el contexto de las investigaciones de la Operación Safiro, suman al menos tres personas sin vida relacionadas con casos de corrupción de la administración estatal 2016-2021.

• Antonio Enrique Tarín García, sobrino y principal cómplice de César Duarte en el desvío de recursos públicos, perdió la vida al arrojarse de un puente vehicular en la ciudad de Chihuahua, en abril de 2023.
• Fungió como director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda y presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el gobierno de César Duarte.
• Tarín García fue diputado federal suplente de Carlos Hermosillo Arteaga, quien murió en un extraño accidente, al ser impactado por la llanta que se le desprendió a un trailer cuando circulaba en su vehículo en la carretera Chihuahua-Parral, el 20 de marzo de 2017.
• Durante la Operación Justicia para Chihuahua, Hermosillo Arteaga fue vinculado a la red de corrupción de César Duarte, como presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
• El jueves 21 de mayo de 2020, un grupo armado asesinó a balazos Isaac Gamboa Lozano, quien fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
• Gamboa Lozano era el responsable de la transferencia de recursos federales a los estados para desviarlos a campañas del PRI que presidía Manlio Fabio Beltrones, como en el caso de la Operación Safiro, con el aval del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
• La Fiscalía de Morelos consideró el asesinato como un “crimen pasional” y acusó a la esposa del exfuncionario de ser la autora intelectual.

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