“Los protagonistas del documental, patrocinado por el MaruDuartismo, cometen un acto de cinismo político del mayor descaro”, publicó Javier Corral.

“Más que una pretendida descalificación al combate a la corrupción que se hizo en la Operación #JusticiaParaChihuahua, se trata de una burla a la sociedad chihuahuense, una afrenta para quienes denunciaron y lucharon porque se castigara el saqueo y latrocinio que cometieron de los recursos del pueblo de Chihuahua y con el que engordaron sus cuentas bancarias y se hicieron de propiedades, con dinero mal habido”.

Contexto: Un publicista de César Duarte produjo “La farsa”, un documental que busca descalificar las investigaciones y procesos penales contra los cómplices de la red de corrupción del exgobernador con el fin de exonerarlo.

• El productor es Gilberto Mauricio Romero, uno de los responsables de la producción de videos durante la administración de Duarte Jáquez, quien ahora se encuentra en el padrón de proveedores del gobierno de María Eugenia Campos Galván.

Por qué es importante: El documental es parte de una campaña negativa contra Corral impulsada por la gobernadora Campos Galván, que se intensificó cuando Claudia Sheinbaum lo nombró Coordinador del eje temático “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, en los Diálogos de la Transformación.

• El golpeteo aumentó de nivel cuando Morena inscribió a Corral como candidato externo a Senador de la República.

Posicionamiento: “Estos hechos ponen en exacta dimensión la tragedia que vive nuestra entidad, lo caro que le ha salido al estado tener una gobernadora involucrada en los mismos actos de corrupción de esta pandilla, a la que ahora protege y por lo que actúan con absoluto cinismo e impunidad”.

• “María Eugenia Campos y César Duarte, están indisolublemente unidos en su acción corrupta y corruptora, y por eso promueven y patrocinan esta patraña, tratando de lavarse la cara y presentando ahora a los saqueadores como víctimas de malos tratos”.
• “Es el reflejo de la descomposición en la que lamentablemente, además, se utilizan los recursos públicos. Una regresión absoluta”.

Quiénes son: La producción incluye entrevistas con Ricardo Yáñez Herrera, Martha Patricia Banderas, Karla Areli Jurado Bafidis, Edgar Omar Ramírez Martínez y José Manuel Luna Hernández, exfuncionarios de la administración duartista, quienes se dicen víctimas de persecución y supuestos abusos.

• Los cinco exfuncionarios aceptaron su responsabilidad ante distintos jueces penales y purgaron sentencias condenatorias dictadas en firme en su contra, por delitos de corrupción cometidos durante la gestión duartista.
• También participa el exauditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, quien enfrenta 13 causas penales por distintos delitos de corrupción, nueve iniciadas por la Fiscalía General y cuatro por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Sentencias condenatorias: Los siguientes exfuncionarios, que ahora se dicen víctimas de persecución y abusos, aceptaron su responsabilidad en delitos de corrupción y purgaron sentencias penales dictadas por distintos jueces:

Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte con César Duarte. Aceptó su participación en la simulación de cuatro contratos con empresas “fantasma” para capacitaciones y talleres educativos que nunca se realizaron.

• El monto del desvío fue de 246 millones de pesos.
• El 27 de noviembre de 2017, la jueza del Distrito Judicial Morelos, María Guadalupe Hernández, le dictó una sentencia de 4 años de prisión, como responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor.
• En su calidad de secretario de Educación, Yáñez Herrera intervino firmando los cuatro contratos y encargándose de gestionar el trámite administrativo para la extracción del erario estatal.
• Las empresas que facturaron operaciones simuladas son: Servicios y Asesorías Samex SC, Sisas SA de CV y Despacho de Profesionistas Futura SA de CV).

Karla Areli Jurado Bafidis. Exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Fue coautora en el pago de 246 millones de pesos mediante cuatro contratos simulados a empresas “fantasma” en 2016.

• El 9 de diciembre de 2017, tras aceptar su responsabilidad, un Tribunal le dictó una sentencia de 3 años de prisión como responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor.
• En su calidad de directora administrativa de la Secretaría de Educación, Karla Areli Jurado Bafidis, firmó los dictámenes de excepción a la licitación pública y las actas de adjudicación directa.
• También firmó los comprobantes de pago en el sistema Hacendario, las fichas de captura de comprobantes fiscales y el grupo de pago para proveedores por servicios que nunca fueron prestados.

Édgar Omar Ramírez Martínez, exdirector general de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado, recibió dos sentencias condenatorias por peculado agravado en distintos hechos.

• El 15 de agosto de 2019 un juez le dictó la primera sentencia por 2 años 11 meses de prisión, como responsable de la comisión del delito de peculado agravado, con un grado de participación de coautor, al simular la contratación de servicios que nunca fueron prestados.
• En 2014, Ramírez Martínez, diversos servidores públicos de la Auditoría Superior y personas externas, llevaron a cabo la distracción de 5 millones 475 mil 200 pesos del erario, simulando cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales con la moral Kepler Soluciones Integrales SC.

Edgar Omar Ramírez Martínez recibió una segunda sentencia condenatoria por autorizar el pago de 542 mil 189 pesos por cuatro paquetes vacacionales para el titular de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores y sus familiares, en 2014.

• Un juez del Distrito Judicial Morelos emitió una segunda sentencia condenatoria en su contra, por 2 años, 8 meses de prisión, como responsable de la comisión del delito de peculado agravado con un grado de participación de coautor.
• Los cuatro paquetes vacacionales incluían tanto transportación aérea como hospedaje a los destinos Playa del Carmen, Cancún, San Francisco y Miami.
• Fueron disfrutados por el entonces Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, y sus familiares, quienes eran ajenos a cualquier actividad dentro de la Auditoría.
• El Ministerio Público demostró que el imputado, en su calidad de Director General de Administración y Finanzas de la ASE, ordenó y autorizó la emisión de cuatro cheques con recurso de la Auditoría por un total de 542 mil 189.40 pesos.

Martha Patricia Bandera Barrera, exdirectora de Administración de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, en la gestión de César Duarte. Coordinó la simulación del pago de bonos y becas al magisterio por 5 millones de pesos.

• El 17 de julio de 2019 un Tribunal le dictó una sentencia de 2 años 8 meses de prisión como responsable de la comisión del delito de peculado agravado, con un grado de participación de coautor.
• En 2016, diversos servidores públicos de Servicios Educativos del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de Hacienda, simularon un proceso administrativo de otorgamiento de bonos por concepto del día del maestro y becas de nivel medio superior para hijos de docentes.
• Los apoyos, por un total de 5 millones de pesos, jamás fueron entregados a los trabajadores de la educación.

Jesús Manuel Luna Hernández, exsecretario particular y personal de César Duarte. Giró instrucciones para que una avioneta de Gobierno del Estado se trasladara de Toluca a Cancún para recoger a un hijo del entonces gobernador del Estado.

• El 2 de mayo de 2019 una jueza de Control lo sentenció a 2 años de prisión como responsable de la comisión del delito de peculado agravado, con un grado de participación de cómplice auxiliador.
• En junio de 2016, en su calidad de secretario particular y personal de César Duarte, ordenó el traslado de la aeronave de Gobierno del Estado de Toluca, Estado de México, a Cancún, Quintana Roo, para fines personales.
• La avioneta Cessna Citation, con matrícula XC-GDC, serie 525B0062 debía de ser utilizada exclusivamente para fines oficiales.

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