Desde que fue electa como gobernadora hace tres años, María Eugenia Campos Galván estableció una alianza de facto con la red de corrupción de César Duarte Jáquez, de la que fue beneficiaria cuando ella fue diputada local.
- Para cumplir compromisos políticos, entregó cargos de alto nivel a duartistas en Gobierno del Estado y se ha repartido con el PRI el control del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, el Congreso del Estado, órganos autónomos e instancias educativas.
- Se ha dedicado a desactivar los procesos penales y administrativos contra el exgobernador Duarte Jáquez y de sus cómplices, para favorecer su libertad.
- Parte de su estrategia es liberar al exgobernador, preso por corrupción, después de las elecciones del 2 de junio.
- Al mismo tiempo, ha perseguido penal, política y mediáticamente a quienes durante la administración anterior investigaron y llevaron ante los jueces a los cómplices de la red de corrupción duartista.
Contexto: En casi tres años de gestión, la gobernadora no ha hecho ninguna obra pública relevante, aunque se arroga obras que inició la administración anterior, como el BRT-2 en Ciudad Juárez o el Hospital de Ginecobstetricia de Parral.
- Entre 2022 y 2023 ejerció casi 205 mil millones de pesos y para 2024 presume un gasto de más de 100 mil millones de pesos, pero el dinero no se ve en un beneficio para la población más desfavorecida.
- En cambio, ha derrochado dinero en la opacidad y bajo riesgos de corrupción, como los 4 mil 710 millones de la Plataforma Centinela, que incluye una Torre fantasma de 20 pisos en Ciudad Juárez, además de 3 mil 407 millones en renta de patrullas.
- También ha gastado 957 millones de pesos por manejo informativo disfrazado de publicidad en la mayoría de los medios del estado, marketing, agencias de relaciones públicas y redes sociodigitales, para encubrir la corrupción de su gobierno, como los contratos millonarios a su prometido Víctor Cruz Russek.
- Ha visitado apenas la tercera parte de los municipios del estado, en muchos casos únicamente para asistir a la toma de protesta de alcaldes o informes de gobierno.
- Solo ha visitado 9 de los 23 municipios de la Sierra Tarahumara de entrada por salida, pero ha permanecido más de 50 días en Europa, Estados Unidos y El Caribe.
¿Por qué es importante? La gobernadora Campos Galván ha favorecido con cargos de alto nivel a una docena de exfuncionarios y operadores políticos de César Duarte Jáquez, así como a beneficiarios de la nómina secreta.
- Se ha dedicado a perseguir a quienes investigaron la corrupción en el gobierno de César Duarte y a su red de cómplices, que la incluye a ella misma, quien fue vinculada a proceso por corrupción, y al fiscal General, César Jáuregui Moreno.
- Su gobierno encarceló al exfiscal responsable de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo, quien imputó a Duarte Jáquez y a Campos Galván.
¿Quiéne son? En Gobierno del Estado, los principales funcionarios identificados como beneficiarios, operadores y exfuncionarios del duartismo, son:
- María Eugenia Campos Galván. La gobernadora fue beneficiaria de la nómina secreta. Estuvo vinculada a proceso penal por el delito de cohecho, pero un magistrado revocó resolución y ordenó reponer el procedimiento, el cual se encuentra interrumpido por el fuero con el que ahora cuenta.
- César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, beneficiario de la nómina secreta. El 8 de junio de 2019, declaró al Ministerio Público que cuando eran diputados locales, él y Campos Galván recibieron dinero en efectivo del gobierno de César Duarte Jáquez para “trabajo legislativo”.
- Carlos Manuel Salas, fiscal de Distrito Zona Norte (Ciudad Juárez). Fue Fiscal General del Estado durante la gestión de César Duarte Jáquez, de 2010 a 2013.
- Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, Fiscal de Distrito Zona Centro, con sede en la ciudad de Chihuahua. Fue Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado en la gestión de César Duarte Jáquez como gobernador.
- Ramón Domínguez Perea, actual director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, fue fiscal Especializado en Seguridad Pública y Prevención del delito nombrado por Duarte Jáquez durante su mandato.
- Osiel Torres Molina, subsecretario de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública estatal. Fue cómplice en la Operación Safiro. En 2006 falsificó documentos para simular la prestación de servicios en el desvío de 246 millones del erario a campañas del PRI.
- Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno. Ha sido operador de Javier Garfio Pacheco, quien fue sentenciado a tres años de prisión por peculado agravado cometido cuando fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de César Duarte.
- Luis Pavel Aguilar Raynal, titular de la Subsecretaría General de Gobierno del Estado. Como dirigente del PRD fue beneficiario de la nómina secreta de César Duarte.
- Enrique Alonso Rascón Carrillo, titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Fue coordinador estatal en la estrategia de primeros votantes durante la campaña de César Duarte para gobernador en 2010. Es suplente del diputado local del PRI, Omar Bazán.
- Tania Teporaca Romero del Hierro, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. Fue directora de Atención Ciudadana de Gobierno del Estado de 2010 a 2013, durante la gestión de César Duarte y diputada local del PRI de 2013 a 2016, impulsada por el entonces gobernador.
- Kamel Athie Flores, rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Fue coordinador de asesores del gobernador César Duarte, quien lo empujó a una diputación federal durante su gestión.
- Eloy García Tarín, director General del Conalep. Duarte lo llevó a una diputación local de 2013 a 2016. Operó a favor de las iniciativas del exgobernador, incluyendo la contratación de una deuda pública impagable.
- Javier González Mocken, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue funcionario de César Duarte, alcalde interino por el PRI y candidato a la alcaldía de Ciudad Juárez por Morena y el PAN. Era secretario de Educación y Deporte con Campos Galván cuando sucedió el escándalo de corrupción por la venta ilegal de uniformes del Cobach y después renunció al cargo por “motivos de salud”.
Los tres Poderes del Estado cooptados. Las titulares del Poder Judicial y del Poder Legislativos también forman parte de la red de complicidad creada por César Duarte durante su gestión:
- Myriam Hernández Acosta, presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Duarte Jáquez la promovió para ser magistrada durante su gestión. Testificó a favor del exgobernador durante el juicio de extradición en una Corte de Florida.
- Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado. Duarte Jáquez la promovió para ser diputada federal, candidata a la presidencia municipal de Juárez y coordinadora de la campaña de Enrique Serrano para gobernador en 2016.
- Luis Villegas Montes, consejero de la Judicatura del Estado. Llegó a una magistratura por impulso de Duarte Jáquez durante su gestión y es parte de la red de protección del duartismo desde el Poder Judicial.
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