Osiel Torres Molina, quien falsificó entregables para simular la prestación de servicios en el desvío de 246 millones del erario a campañas del PRI en la Operación Safiro por César Duarte, hoy es subsecretario de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, nombrado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

• Desde ese cargo, Torres Molina está detrás de la persecución política contra Javier Corral, junto con el ex Fiscal General, Roberto Fierro Duarte, a quien Campos Galván colocó como titular de la Secretaría de la Función Pública para tapar su corrupción y activar procedimientos administrativos contra el ex gobernador.

Detalles: Osiel Torres Molina fungía como coordinador de Auditoría de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte cuando participó en la elaboración de entregables falsos para justificar el pago de cursos y un software para el magisterio.

• Sus acciones forman parte del testimonio que su entonces jefa, Karla Areli Jurado Bafidis, rindió ante el Ministerio Público y que ella ratificó ante un juez penal.
• Jurado Bafidis era directora Administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en 2016, cuando participó como coautora en el pago de 246 millones de pesos a distintas empresas por servicios no prestados, por órdenes de César Duarte Jáquez, entonces gobernador.
• Los recursos fueron triangulados al CEN del PRI, encabezado por Manlio Fabio Beltrones y con la intermediación de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja.
• El 9 de diciembre de 2017, Jurado Bafidis fue sentenciada a tres años de prisión, como responsable de la comisión del delito de peculado agravado en grado de coautoría.

Quién es: Osiel Torres Molina fue Jefe del Departamento de Finanzas en la Secretaría de Salud durante la gestión de Pedro Hernández Flores como Secretario de Salud en el gobierno de César Duarte.

• Trabajó en el Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua durante la gestión de María Eugenia Campos Galván como alcaldesa.
• En septiembre de 2022, Torres Molina fue nombrado subsecretario de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública estatal.
• Según el directorio oficial de Gobierno del Estado, despacha en el segundo piso del Edificio “Óscar Flores Sánchez”, en la calle Victoria 310 de la ciudad de Chihuahua.

¿Por qué es importante? Desde la Subsecretaría de Fiscalización de la Función Pública, Osiel Torres Medina se ha dedicado a descalificar el trabajo de la anterior administración estatal y ha dejado que se “caigan” distintos casos, al no darles un debido seguimiento.

• También se ha dedicado a contaminar evidencias en los expedientes relacionados con el combate a la red de corrupción de César Duarte.

El siguiente texto, que documenta la participación de Osiel Torres Molina en la falsificación de documentos, fue publicado en el libro El caso Viuda Negra, de los periodistas Manu Ureste, Zedryk Raziel y Arturo Ángel, publicado en el sello Grijalbo:

• Pasada la elección estatal del 5 de junio, los colaboradores de Duarte comenzaron a perder la cabeza cuando se enteraron de que el gobernador electo, Javier Corral, ya tenía las facturas de los desvíos de la Operación Safiro.
• Los duartistas confiaban tanto en que la maquinaria de corrupción y compra del voto haría su magia una vez más, que no se preocuparon en disimular las evidencias del delito. Todos estaban nerviosos, según sus declaraciones ministeriales, menos el gobernador —ya saliente—, que creía firmemente en que la Secretaría de Hacienda federal y el CEN del PRI se harían cargo de limpiar el desastre.
• En una reunión de emergencia, Duarte instruyó a sus subalternos localizar de inmediato a Alejandro Gutiérrez para plantearle el problema que tenían con Corral.
• “Yo busco a Manlio, voy a tratar de hablar con Videgaray”, dijo el gobernador, de acuerdo con testigos de la reunión. Contactar al secretario de Hacienda federal era imposible, señalaron, pero el problema ameritaba el intento.
• Duarte, sin perder el temple, también ordenó a sus subalternos verificar que la documentación con la que se simularon los contratos fuera sólida, es decir, verosímil, como para soportar una auditoría. Al respecto, el exsecretario Yáñez declararía al Ministerio Público:
• “Al exponerle al gobernador mi temor por lo que pudiera pasar con el asunto, me sorprendió por la forma tan fría y tan tranquila en que me dio respuesta, al decirme que buscara solucionar el problema documentando bien los expedientes de contratación, de tal manera que quedaran lo suficientemente sólidos para una posible revisión, es decir, ‘arreglar’ los procedimientos de contratación simulados que se hicieron para el desvío del dinero, documentando lo necesario para que no detectaran las irregularidades, como sería justificar los pagos principalmente”.
• En reuniones subsecuentes en la Secretaría de Hacienda, los funcionarios duartistas afinaron la ruta para “empapelar” los desvíos, a fin de aparentar que los servicios supuestamente contratados por la SECyD —los cursos y el software— habían sido efectivamente realizados. Tenían tres meses para lograrlo, de julio a septiembre.

“Se acordó que se hicieran los entregables necesarios [los comprobantes del servicio prestado] y se viera la forma de usar un sistema de control de la nómina magisterial para que quedara como entregable, ya que los servicios prestados tendrían que ver con cursos realizados por las empresas”, detalló Ricardo Yáñez.

• Este funcionario, al borde de los nervios, planteó por primera vez una posible solución que parecía sencilla y que repetiría hasta el cansancio: que el PRI devolviera el dinero que se le había entregado mediante la simulación de contratos.
• “Yo comenté que con reunir los entregables no se solucionaba el problema, porque ya se había detectado —como les dije antes— por el gobierno entrante que el servicio no se había prestado, y que la solución en todo caso sería que se devolviera el dinero desviado. Yo insistía que era prácticamente imposible justificar los supuestos servicios prestados, pero la instrucción del gobernador ya estaba dada”, dijo (Ricardo Yañez) en su declaración.
• El titular de la SECyD sabía que sería señalado como el principal responsable del peculado, pues los recursos públicos fueron desviados a instancias de la secretaría que él encabezaba.
• Los funcionarios duartistas pusieron manos a la obra para “empapelar” los desvíos, esto es, inventar comprobables de los cursos y del supuesto programa informático para la SECyD.

Para ello, Karla Jurado Bafidis se llevó a su equipo a un personaje cercano, Osiel Torres Molina, con quien había trabajado previamente en el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal). En la SECYD, Torres Molina tuvo el cargo de coordinador de Auditoría.

• “Cuando llegó Osiel Torres y le informé la situación, me comentó que, cuando él estaba en Ichisal, supo que también allá estaban pidiendo 250 millones de pesos, pero que no habían accedido. No supimos si eran otros 250 o eran los mismos, pero en esa dependencia también se los estaba requiriendo el gobernador”, precisó Jurado en su declaración.
• La funcionaria también declaró que ella y su mano derecha pusieron en marcha acciones para simular los entregables de los contratos:
• “Para poder soportar el desvío, Osiel Torres hizo unos libros de trabajo, los cuales se repartieron en las escuelas, recabando la firma; era como un tipo soporte, se iba a decir que las firmas eran de la participación en los cursos o capacitaciones, pero en realidad eran de que habían recibido el libro que se había mandado a hacer con los temas [que supuestamente se habían impartido].
• Se buscó la manera de implementar los cursos, pero los maestros ya tienen su calendario escolar muy reducido, el cual no se pudo mover, y menos en fechas finales [del ciclo escolar], por lo que al final no se pudo hacer. Lo único que se logró hacer fueron los folletos para recabar la firma; era imposible hacer las capacitaciones a esos niveles”.

Los funcionarios duartistas trabajaban a contrarreloj en la simulación de los documentos comprobatorios de los pagos. Se encontraban oficialmente en el periodo de entrega-recepción del gobierno estatal, y el mandatario electo, Javier Corral, asumiría formalmente las riendas el 4 de octubre. Estaban perdiendo esperanzas. Jurado dijo:

• “En cierta reunión, Gerardo Villegas me dijo que no me preocupara, que la orden de sacar el recurso venía de Videgaray, que era dinero que se había sacado para el PRI a nivel nacional, que tuviera confianza, que todo iba a estar bien, que todo estaba arreglado, que era de un nivel muy arriba y que ellos mismos tenían que arreglarlo”.
• “Ya cuando se complicaron las cosas, el licenciado Ricardo Yáñez me dijo que iba a México, pero no iba a la Secretaría de Hacienda, sino a buscar a una persona del PRI nacional para negociar la devolución del dinero”.
• “Me dijo que a esta persona le dicen La Coneja, no sé quién sea o cómo se llama, pero me dijo que, mientras tanto, me calmara y que nos abocáramos a integrar todo el expediente para que todo se viera creíble, en tanto él iba a hablar en México para solucionar esto”.

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