Pasaban las 17:30 horas del martes 23 de abril de 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción, inició un ostentoso operativo para asegurar la casa de 26.5 millones de pesos donde vivía el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

• El operativo, dos días antes de iniciar la campaña electoral, resultó un montaje.
• Se informó previamente a los medios para dar cobertura en vivo la intervención, realizada con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
• Las fotos y videos muestran una docena de unidades vehiculares y a más de veinte elementos estatales ingresando al Fraccionamiento Campestre de Ciudad Juárez, para presumir el operativo.
• Desde entonces, no ha pasado nada.
• Después de las elecciones del 2 de junio, las denuncias y las investigaciones contra Pérez Cuéllar por delitos de corrupción permanecen “congeladas”.
• Casi tres meses después, el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, un personero de la gobernadora, no ha informado de ningún avance en el caso.

Datos clave: El 11 de julio de 2024, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y Pérez Cuéllar difundieron fotografías en las que aparecen juntos durante una ceremonia de colocación de primera piedra para ampliar una maquiladora en Ciudad Juárez.

• Las imágenes documentan el amasiato y la impunidad que Campos Galván ha otorgado a Pérez Cuéllar, pese a las distintas denuncias de corrupción presentadas en su contra.

Por qué es importante: La gobernadora simuló una persecución penal contra Pérez Cuéllar para después utilizar una denuncia del mismo Pérez Cuéllar contra Javier Corral para evitar que el ex gobernador llegue al Senado de la República.

• Campos Galván y Pérez Cuéllar fueron beneficiarios de la “nómina secreta” de César Duarte y obedecen al mismo proyecto político del MaruDuartismo, que incluye la gubernatura de Chihuahua en 2027.
• Campos Galván recibió 9.3 millones de pesos de César Duarte y Pérez Cuéllar 2.5 millones.
• La gobernadora ha pasado casi tres años criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no habla de las denuncias por corrupción contra Pérez Cuéllar, quien a su vez no defiende a AMLO de los golpes de Campos Galván contra la 4T.

Contexto: La diputada federal Daniela Álvarez y los diputados locales Marisela Terrazas Muñoz y Gabriel García Cantú, del PAN, presentaron una denuncia en contra de Pérez Cuéllar ante la Fiscalía Anticorrupción por enriquecimiento ilícito.

• Pérez Cuéllar declaró que renta la casa del Campestre a Daniel Pando Morales, su ex Director de Regulación Comercial de septiembre de 2021 a noviembre de 2022.
• Pando Morales adquirió el inmueble en junio de 2022, cuando aún era funcionario municipal.
• Según la denuncia, la renta de la casa oscila entre 120 mil y 150 mil pesos.
• Pérez Cuéllar nunca informó cuál es el monto de la renta.
• Su ingreso mensual en 2022 fue de 132 mil pesos mensuales y el de Pando Morales era de 31 mil pesos mensuales, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales.
• En la gestión de Armando Cabada Alvídrez como alcalde, entre 2016 y 2021, Pando Morales ocupó los cargos de director Administrativo de la Dirección General de Tránsito, director General de Servicios Públicos Municipales y director de la Dirección de Limpia.
• Pando Morales ha sido señalado como prestanombre de Pérez Cuéllar.

Antecedentes: En “nado sincronizado”, los medios al servicio de la gobernadora publicaron que la Secretaría de la Función Pública notificó a Javier Corral Jurado “sobre la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal”.

• Los medios citaron dos denuncias presentadas ante la propia Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General del Estado.
• La primera denuncia fue presentada en febrero de 2022 por un diputado local, Omar Bazán, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.
• La denuncia penal se presentó en mayo de 2022 ante la Fiscalía estatal, por el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por supuestas conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.
• Según lo publicado, “no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño”.

Maru absuelve a Cruz: Sobre el aseguramiento de la Casa de El Campestre, el 24 de abril de 2024, la gobernadora Campos Galván declaró:

• “La casa no era del alcalde, la tenía rentada a una persona que está denunciada por enriquecimiento ilícito. La acción no era contra el alcalde en sí, al alcalde le tocó la mala suerte de rentarle a no sé quién que es una de sus manos derechas”.
• Pérez Cuéllar es un alcalde “apegado a la ley” y lo que sucedió fue un aseguramiento apegado a la ley.
• “Él no se ve, en ningún momento, perjudicado por esta acción. No tiene ningún menoscabo a sus derechos políticos, puede seguir compitiendo, la acción fue contra la persona dueña de ese inmueble”.

La “nómina secreta”: César Duarte Jáquez repartió mil millones de pesos del erario de Chihuahua para cooptar y comprar el silencio de más de 100 actores políticos, sociales, empresariales, religiosos y de medios de comunicación, con el propósito de ocultar la corrupción de su gobierno.

El caso de Cruz Pérez Cuéllar: El actual presidente municipal de Juárez se salvó de ser procesado penalmente gracias a que tiene fuero constitucional como senador de la República.

• La Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión en su contra, por los delitos de encubrimiento por receptación y promoción de conductas ilícitas, ambos previstos en el Código Penal del Estado de Chihuahua.
• Duarte le habría entregado un pago 5 millones de pesos.
• En diciembre de 2020, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Pérez Cuéllar, mediante una solicitud de Declaración de Procedencia, pero la instancia encabezada por el diputado Pablo Gómez, de Morena, rechazó la petición.

El caso Maru Campos: César Duarte cooptó a Campos Galván, pagándole a través de la “nómina secreta”, a cambio de aprobar paquetes legislativos favorables al exgobernador, en particular relacionados con la Hacienda pública.

• El Ministerio Público acusó a Campos Galván de solicitar y recibir 9 millones 267 mil pesos, mediante pagos mensuales, entre 2014 y 2015, por parte del entonces gobernador César Duarte.

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