El 1 de abril de 2021, el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, dictó un auto de vinculación a proceso penal por el delito de cohecho en consumación continuada, en contra de María Eugenia Campos Galván.
- La entonces alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura fue acusada por el Ministerio Público de haber recibido ilegalmente 9 millones 267 mil pesos por parte de César Duarte Jáquez, entre 2014 y 2015, cuando él era gobernador y ella diputada local.
- Los pagos correspondían a lo que se conoció como “nómina secreta”, con la que Duarte Jáquez cooptó a más de 100 actores políticos, del sector privado, periodistas, de la Iglesia y líderes sindicales entre otros, para comprar su silencio y complicidad transexenal.
- La acusación contra Campos Galván formó parte de la Operación Justicia para Chihuahua, que se llevó a cabo durante la administración de Javier Corral como gobernador.
Detalles: En la causa penal 2821/2020, la Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación con más de 16 mil cuartillas, 16 tomos y cinco discos compactos, con evidencias y testimonios contundentes contra Campos Galván y sus compañeros de Legislatura.
- El Ministerio Público documentó que Campos Galván recibió entre 2014 y 2015, en pagos mensuales, 7 millones de pesos de dinero en efectivo, mediante 25 entregas, por los cuales firmó recibos simples.
- Un millón 180 mil pesos “extras” de dinero en efectivo, mediante 7 exhibiciones.
- El pago de 20 mil pesos de su tarjeta de crédito Bancomer Visa 4772143939003014.
- Un millón 067 mil 200 pesos a favor de su hermano Manuel Campos Galván, mediante 19 transferencias y depósitos bancarios.
- De cada una de las 52 transacciones y entregas hubo soporte documental que nunca desacreditó la defensa y las cuales valoró el juez para conceder la vinculación a proceso.
Revocación y premio: El 7 de septiembre de 2021, el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, titular de la Tercera Sala Penal del Poder Judicial del Estado, revocó el auto de vinculación a proceso y dejó sin efecto las medidas cautelares, como la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país.
- Al día siguiente, Campos Galván rindió protesta como gobernadora.
- Cuatro años después, la hoy gobernadora Campos Galván pagó el favor al magistrado.
- La gobernadora panista incluyó a Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, esposa de Juan Carlos Carrasco Borunda en la lista de candidatos del Poder Ejecutivo para participar en la elección del Poder Judicial el 1 de junio de 2025.
¿Por qué es importante? La gobernadora Campos Galván está manipulando a la justicia en Chihuahua para limpiar su imagen como beneficiaria de la red de corrupción de César Duarte y exonerar al exgobernador junto con sus cómplices.
- Tiene el control del Ministerio Público en Chihuahua, es decir, de la facultad de imputar delitos penales, mediante la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
- Los entes están a cargo de César Jáuregui Moreno y de Abelardo Valenzuela Holguín, ambos afines y operadores políticos de la gobernadora.
- En contraste, es omisa en garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia y en investigar y sancionar los feminicidios, así como la violencia contra el sexo femenino en todos sus tipos penales.
Antecedentes: El 1 de abril de 2021, el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza, dictó un auto de vinculación a proceso penal en contra de María Eugenia Campos Galván por el delito de cohecho.
- También vinculó a proceso a los exdiputados locales María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa por el mismo delito.
- El Ministerio Público acusó a Campos Galván de solicitar y recibir 9 millones 267 mil pesos, entre 2014 y 2015, por parte del entonces gobernador César Duarte Jáquez, cuando era diputada local del PAN.
- El exdiputado priista Rodrigo de la Rosa Ramírez fue acusado de recibir 2 millones 500 mil pesos.
- La exdiputada del PVEM fue acusada de recibir 3 millones 457 mil pesos de la nómina secreta de César Duarte.
No es leyenda urbana: César Duarte Jáquez repartió más de mil millones de pesos del erario de Chihuahua para cooptar y comprar el silencio de al menos 100 actores políticos, sociales, empresariales, religiosos y de medios de comunicación, con el propósito de ocultar la corrupción de su gobierno.
- El caso fue conocido como la “nómina secreta”.
- El desvío de recursos públicos dejó de investigarse al iniciar la administración de María Eugenia Campos Galván, quien estaba incluida entre los beneficiarios de la nómina.
- Al menos 11 receptores confesaron que cobraron ilegalmente recursos del erario durante el gobierno de Duarte Jáquez, por lo que se acogieron a la figura legal de “criterio de oportunidad” ante el Ministerio Público.
- Significa que aceptaron la comisión del delito, devolver el dinero y ser testigos colaboradores del Ministerio Público. Entre ellos:
- Javier Contreras Orozco, exdirector del periódico El Heraldo de Chihuahua y actual director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, quien devolvió $10 millones de pesos.
- Armando Cabada Alvídrez, exalcalde de Ciudad Juárez y actual diputado federal por Morena, quien regresó $4.3 millones de pesos.
- Fernando Reyes Ramírez, ex diputado local por Movimiento Ciudadano, devolvió $2.4 millones de pesos.
- Hortensia Aragón Castillo, ex diputada local y ex presidenta estatal del PRD, devolvió $2 millones de pesos.
El mecanismo: Entre 2012 y 2015, el entonces gobernador Duarte Jáquez instruyó a varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal a efecto de que distrajeran recursos públicos para sus fines personales y políticos.
- De las cuentas bancarias de la Secretaria de Hacienda destinadas al gasto operativo y al pago de nómina de empleados estatales, se emitían mensualmente cheques de 5 a 20 millones de pesos.
- Las operaciones de triangulación consistían en el depósito de los cheques al Servicio Panamericano de Protección, que se cambiaban por efectivo.
- La empresa de traslado de valores hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas de la Tesorería estatal y los responsables de esa operación eran instruidos de resguardar el efectivo en la bóveda y efectuar entregas de éste a múltiples personas de su interés.
Antecedentes: En abril de 2017, la Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia sobre la existencia de la así llamada “nómina secreta”, por parte de la Secretaría de Hacienda estatal.
- La dependencia registró así los primeros 470 recibos que firmaron 34 personas, como parte de la así llamada “nómina secreta”, cuyo monto asciende a $172 millones 633 mil pesos, tan solo entre 2012 y 2015.
- La lista de receptores incluye diputados locales y federales de distintos partidos políticos, candidatos, dirigentes y operadores políticos, locales y nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, al igual que parientes y amigos del exgobernador.
- La SFP inició procedimientos administrativos en contra de 14 exfuncionarios, quienes fungieron como receptores o emisores de pagos por $45 millones de pesos.
- Los 20 casos restantes, de los detectados por la SFP, correspondían a otra instancia legal por no ser funcionarios estatales.
- En mayo de 2017 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, tras encontrar que en dichas irregularidades detectadas, había actos que constituían posibles delitos penales.
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