La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca prohibir el uso de espacios públicos para fines de publicidad comercial, ya sea fija, móvil, aérea o digital.
- La propuesta incluye vehículos publicitarios, drones, pendones, estructuras metálicas, anuncios en puentes peatonales, y señalización falsa colocada en banquetas o camellones, entre otros.
- El objetivo es el salvaguardar el espacio público, garantizar la seguridad vial y mejorar la calidad del entorno urbano en las ciudades del estado.
- La iniciativa pretende modificar el artículo 130 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, en materia de movilidad urbana.
Dato: La iniciativa fue elaborada con el respaldo y asesoría de diversas organizaciones civiles comprometidas con la movilidad y el espacio urbano, entre ellas:
- Plan Estratégico de Juárez, Peatones Heroicos, Fundación Integra, Centro de Estudios para Invidentes A.C., Fixie βeat, CIMAP y Desiertos Andantes.
Exposición de motivos: Argüelles Díaz expuso que ante la progresiva mercantilización del espacio urbano, la ciudad contemporánea enfrenta una tensión constante entre el espacio público como bien colectivo y su apropiación con fines comerciales.
- Esta situación, además de generar contaminación visual, afecta la movilidad peatonal, incrementa los riesgos viales y dificulta la accesibilidad para personas con discapacidad, dijo.
- Ante el pleno, la diputada recordó que, aunque la ley actual ya contempla restricciones en esta materia, la ambigüedad del artículo 130 ha permitido que la publicidad comercial siga invadiendo las vías públicas, particularmente en ciudades como Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral.
- Por ello, la reforma propone una redacción clara y exhaustiva que impida interpretaciones y facilite su aplicación efectiva.
Formuló un llamado a replantear el diseño de la ciudad desde una visión de accesibilidad universal y justicia urbana, enfatizando que la reforma no busca oponerse al derecho a la libre expresión ni a la actividad comercial, sino reafirmar el carácter público y colectivo del espacio urbano.
- El Decreto establece sanciones claras, asignando a las autoridades municipales la responsabilidad de vigilar y hacer cumplir la ley.
- Una vez aprobado, los ayuntamientos tendrán 60 días naturales para adecuar sus reglamentos.
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