Teniendo como marco la próxima elección judicial en Chihuahua, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha sido exhibido utilizando recursos humanos y materiales del ayuntamiento para promoverse de cara al 2027.
- En un video difundido ampliamente en redes sociales, grabado el día miércoles, a la 13:30 (horario laboral) se realizó una reunión de trabajadores del Municipio, ahí se observa al alcalde instruyendo a su equipo de gobierno y estructura política:
- “Estamos construyendo un proyecto. ¿Sí saben de qué hablo o no? ¡Sí! Es que no lo puedo decir bien porque la Ley Electoral no me lo permite, pero […] créanme que va a ser un pago muy importante para lo que estamos construyendo”.
- Además, el presidente puntualiza: “pedirles que este domingo seamos los principales promotores de que la gente acuda a votar para renovar el Poder Judicial local. (…) Y créanme que va a ser un paso muy importante para lo que estamos construyendo”.
En el video se escucha como pide apoyo para movilizar el voto en favor de un “proyecto con miras a 2027”, lo que deja en evidencia que utiliza recursos públicos y estructura institucional del ayuntamiento para fines electorales, lo que podría constituir una violación al artículo 134 constitucional y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
- La solicitud explícita del alcalde a operadores, junto con la evidente utilización de la estructura municipal para organizar y financiar el evento, podría encuadrar en delitos electorales, al transgredir el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos.
- De confirmarse el uso de recursos municipales en favor de una causa electoral, Cruz Pérez Cuéllar podría incurrir en faltas graves, de acuerdo con:
- Artículo 134 Constitucional: Prohíbe el uso parcial o político de recursos públicos por parte de servidores.
- Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: Establece sanciones para funcionarios que utilicen fondos públicos con fines proselitistas.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): Impide propaganda gubernamental y actos que afecten la equidad durante procesos electorales.
Hay que recordar que, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván ha sido señalada por diversos actores políticos de encabezar una operación política para imponer a magistrados y jueces afines al PAN y al exgobernador prófugo César Duarte, aprovechando la nueva modalidad de elección por voto popular.
- Aunque Campos Galván declaró que el proceso ha sido institucional y tiene por objetivo “garantizar la paz laboral y el Estado de Derecho”, versiones documentadas revelan la imposición de perfiles sin experiencia judicial, con vínculos partidistas, nepotismo y antecedentes de corrupción.
- Por un lado, Pérez Cuéllar promueve un «proyecto transformador» del Poder Judicial; por otro, Maru Campos busca afianzar una red de aliados en la Judicatura para blindarse políticamente.
- Ambos han sido señalados de instrumentalizar un proceso judicial local a modo, con fines políticos y personales, alejando la elección de su propósito original: la renovación del sistema de justicia en Chihuahua y en el país.
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