Durante la primera mesa del quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, senadoras, senadores, representantes y especialistas del sector abordaron la importancia de garantizar los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como las atribuciones de las defensorías y del Registro Nacional de Usuarios.
El senador Javier Corral Jurado, moderador de los conversatorios y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró que durante estos diálogos es fundamental abordar y escuchar las distintas voces sobre la garantía de los derechos de las audiencias, la programación, publicidad y mecanismos de protección, pues representan temas centrales en la legislación.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, aseguró que los diálogos permitirán a las y los senadores recoger de manera abierta, transparente y sustantiva, las preocupaciones propuestas, así como las observaciones que todos los actores involucrados tengan sobre el dictamen que busca expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Al hacer uso de la palabra, Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, dijo que actualmente las defensorías sólo existen en los medios públicos, porque no hay mecanismos para exigir a los medios comerciales que sus contenidos respeten los derechos de las audiencias, por lo que se busca garantizar que las defensorías aseguren los derechos del pueblo y de la ciudadanía.
Del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que el Registro Nacional de Usuarios no cuenta con contrapesos de carácter judicial, lo que deja expuestas a mayores condiciones de riesgo y de concentración de poder la información de las personas y sus datos personales.
- “Se busca brindar mejores condiciones en términos de seguridad, pero se pone en una situación vulnerable a los usuarios de telefonía celular”, agregó.
Por el PRI, Carolina Viggiano Austria consideró que es de la mayor importancia revisar la propuesta para diferenciar entre opinión e información, “porque esto podría violentar los derechos de las audiencias”.
Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, expresó que la legislación es perfectible y por ello se han abierto estos espacios de debate, porque es necesario conocer los riesgos de la “enorme discrecionalidad” del dictamen, cuando le da facultad a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de meterse a los derechos de las audiencias y regularlos a través de lineamientos.
En tanto, Alejandra Barrales Magdaleno expresó que es necesario escuchar las distintas voces e incorporar los planteamientos que ayuden a construir una legislación que no afecte a la población, así como analizar la posibilidad de impulsar en la legislación la incorporación de la asimetría regulatoria.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Hilda Saray Gómez González, subrayó que no basta enunciar en las leyes los derechos de los usuarios, sino que es preciso establecer mecanismos claros para garantizarlos; por ejemplo, consideró que las defensorías deben ser escrupulosas con las quejas que reciban y las recomendaciones que emitan.
El director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, advirtió que el diseño institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es “preocupante”, pues se requiere independencia del órgano para garantizar los derechos de las audiencias y para que las concesiones no sean utilizadas como “moneda de cambio política”.
José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, pidió a los senadores que haya una regulación igualitaria para todos los medios, pues con esta iniciativa, señaló, hay un “retroceso”, ya que la sobrerregulación de TV y radio, que es mayor a la del Internet, atenta con la libertad de expresión y la democracia del país.
La presidenta de Comunicación para la Inclusión, Kathia D’ Artigues Beauregard, señaló que el proyecto de ley afectaría a las personas con discapacidad del país, ya que sólo precisa que las transmisiones en TV tengan subtítulos o lenguaje de señas, pero no ambos, y no se establece que los portales de instituciones públicas tengan diseño universal, para facilitar su acceso a personas con necesidades especiales.
Lenin Martell Gámez, defensor de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, propuso definir claramente en la ley los conceptos de servicio público de radiodifusión y de alfabetización digital; en el primer caso, para incluir principios y funciones, y así evitar confusiones y posibles abusos.
- En el segundo caso, para determinar cómo se llevará a cabo y cómo se articulará la alfabetización con otros derechos de los usuarios.
El académico de la Universidad Anáhuac, José Agustín Pineda Ventura, también insistió en evitar que se diferencie la protección de los derechos de los usuarios, de acuerdo con la plataforma de acceso que usen, pues consideró que los mensajes de radiodifusión no son ajenos a los de Internet, y se debe proteger por igual a las personas receptoras de información.
Ponentes invitados al quinto conversatorio sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantearon hacer precisiones de conceptos en este proyecto e incluso crear apartados específicos para defender los derechos de los usuarios y las audiencias, entre ellos, de menores de edad y personas con discapacidad.
- Asimismo, senadoras y senadores coincidieron en mantener la discusión en torno a la regulación de las plataformas digitales, tema que académicos, expertos y representantes del sector han solicitado que se atienda por separado, o que se incluyan más disposiciones en la normatividad, al ser medios con una importante cantidad de usuarios.
- Sobre este tema, Javier Corral Jurado, moderador de los conversatorios y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró que es fundamental mantener el debate sobre una legislación en materia de inclusión digital, a fin de avanzar hacia un modelo donde plataformas de medios de transmisión de contenidos converjan con todos los servicios digitales.
- “No debemos eliminar el debate en la materia, cometeríamos un grave error al creer que por quitar el 109 no tenemos que regular plataformas digitales, cuando tienen una presencia trasnacional, con una influencia política, cultural, electoral e ideológica, que incluso está sustituyendo a mecanismos del Estado y la sociedad en procesos democráticos”, expuso.
María Martina Kantún Can, de Morena, indicó que es necesario que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones garantice los derechos de las audiencias, los cuales están vinculados con los de acceso a la información y de libertad de expresión.
Por Acción Nacional, Gustavo Sánchez Vásquez, indicó que, con las propuestas hechas por los expertos, los miembros de las comisiones dictaminadoras, de manera responsable, pueden construir “una reforma más nutrida” que incorpore la participación de grupos vulnerables como audiencia, en particular respecto el de la niñez.
Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota expresó que la legislación debe ser muy puntual en el tema de la regulación para no caer en la censura, porque es muy importante salvaguardar el derecho de las audiencias a la verdad.
María de las Mercedes Olivares Tresgallo, defensora de las audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, planteó que la ley debe desarrollar un capítulo especial para defender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes como audiencia, que erradique la visión “adultocéntrica” y tome en cuenta sus necesidades particulares.
El investigador de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Vladimir Chorny Elizalde, instó a crear una ley especial de servicios y mercados digitales, para crear un marco de responsabilidades de las plataformas, donde se establezcan deberes de protección de datos, transparencia y medidas antimonopólicas de competencia y desconcentración; todo ello, precisó, basado en el respeto a los derechos de los usuarios.
María de los Ángeles Huerta del Río, académica de Comunicadores del Pueblo, reconoció que el proyecto da un papel importante al Estado en la regulación, delimitación y garantía de los derechos de las audiencias; sin embargo, propuso definir claramente en el texto estos derechos, establecer un equilibrio entre libertad de expresión y libertad de opinión; y hacer vinculantes las quejas que lleguen a los defensores de las audiencias.
El experto consultor de Coparmex, Juan de Dios Barba Nava, consideró injusto que las concesiones del Estado tengan privilegio sobre las de particulares, ya que generan una competencia desleal, además de que violan disposiciones del T-MEC, que establecen que haya piso parejo entre los operadores de las concesiones de telecomunicaciones.
María Lizárraga Iriarte, consejera de la organización A Favor de la Mejor, solicitó a los senadores que la norma se “ajuste a la nueva realidad” y tome en cuenta el contexto actual, entre otros aspectos, los nuevos medios de comunicación, como el internet, para garantizar el acceso a contenidos, la protección de los derechos de las audiencias, y una competencia justa del sector.
La directora general de PROMTEL, Zayra Yvette Pérez Salinas, defendió que la nueva ley no limita ni censura la libertad de prensa, sino que regula con equilibrio y busca devolver el carácter público y social a la radiodifusión y a las telecomunicaciones, con lo que se reconoce que no son “meros negocios”, sino servicios esenciales para el ejercicio de la democracia.
Última mesa
En el quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, senadoras, senadores y representantes de estos sectores analizaron temas relativos a los derechos de las audiencias, programación, publicidad y mecanismos de protección.
Armando Ayala Robles, de Morena, consideró que los medios tradicionales han enfrentado grandes retos en los últimos 10 años, principalmente por las redes sociales que juegan un papel importante como difusores de información, por lo que coincidió en regular, en todos los sentidos, a las plataformas digitales, al considerar que podrían no respetar los derechos de las audiencias al no estar sujetas a una legislación específica.
En representación del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri, aplaudió que se haya detenido el proceso legislativo de la nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para escuchar las propuestas de los expertos y representantes del sector; pidió que en verdad se tomen en cuenta los planteamientos de los conversatorios para contar con una norma que realmente garantice el derecho a la información, la libertad de expresión, y se disminuya la brecha digital.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota, urgió a definir los mecanismos de defensa de los usuarios en la norma, pues la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, opinó, será “juez y parte” y podrá decidir qué es verdad, mientras que debido a su diseño jurídico de “poder absoluto”, podrá determinar a quién sanciona y a quién no, y a quién le quita o le permite una concesión.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, reconoció la participación de las y los expertos del sector invitados a los conversatorios y pidió que sus propuestas se vean reflejadas en la nueva ley; “estamos en condiciones de poder hacer todos estos cambios y ese sería el verdadero éxito de estos ejercicios”, agregó.
La directora de Radio Tosepan Limakxtum, Nicacia Lino de Jesús, consideró que es necesario establecer en el artículo 10 del proyecto, el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar de forma integral en el ciclo de creación de contenidos, desde la producción hasta el archivo, y que se reconozca su derecho a una infraestructura pública digital para ello, “porque para estas comunidades no sólo es un medio técnico o de entretenimiento, es una herramienta fundamental para la vida”.
Por su parte, Rodolfo López Espinoza, presidente de la Federación Mexicana de Sordos, y quien se expresó a través de un intérprete, subrayó que es necesario robustecer en el dictamen la defensa a la lengua de señas, el subtitulaje y la incorporación del recuadro con intérprete.
- Además de crear un órgano que revise y sancione a los intérpretes que hagan un mal trabajo y vigile que este se apegue a la lengua de señas mexicana y a la ética que rige a los intérpretes.
Irene Levy, presidenta de Observatel, señaló que el caso denominado como “Televisa Leaks” pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer los derechos de las audiencias, entendidos como la capacidad de exigir contenidos informativos éticos, diversos y transparentes, que deben de ir de la mano de la libertad de expresión, sin que ello implique censura, porque dicho caso deja en claro la manipulación informativa para favorecer a ciertos actores políticos.
En tanto, Gabriela Ortiz Portilla, Defensora de Audiencias del Canal del Congreso, propuso incluir en el documento el fortalecimiento de la figura de la defensoría de audiencia; utilizar las plataformas digitales como herramientas de acceso a la información y ejercicio de los derechos; incluir un artículo en el que se establezca el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; así como reforzar la accesibilidad en los medios para personas con discapacidad.
De la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Enrique Pavón Baños, aseguró que el proyecto contiene nuevos beneficios y medidas para fortalecer la defensa de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como el reconocer a la Procuraduría Federal del Consumidor como la instancia especializada para brindar certeza a las personas y reducir los plazos de resolución de las quejas.
Al hacer uso de la palabra, Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, expresó que los derechos de las audiencias que contiene el dictamen “son censura simulada”, porque el único que decide si se discrimina, si se fomenta o no la educación o la unidad nacional es la ATDT, por ello es necesario analizar uno por uno los derechos que se establecen.
El fundador y director general de Purpose Partners, Christopher Casarrubias García Herrera, precisó que la iniciativa en su artículo Décimo Séptimo Transitorio establece una suspensión de 60 días hábiles para todos los trámites que realice el regulador, una vez que el decreto haya entrado en vigor, por lo que para el caso de la homologación con los concesionarios esta disposición afectará a los usuarios para acceder a nuevos equipos, limita la oferta e impacta los ciclos de comercialización.
Para saber más:
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• En nueva ley de telecomunicaciones no habrá concentración de atribuciones ni censura: Javier Corral
• Construyendo una Ley de Telecomunicaciones con altura de miras, con ideas, no fobias: Corral
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