El senador Javier Corral Jurado presentó una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
- “Las operaciones con recursos de procedencia ilícita constituyen la base financiera de organizaciones criminales, afectan la estabilidad del sistema financiero, distorsionan mercados legítimos, corrompen instituciones y facilitan la expansión de actividades violentas y de alto impacto social”, dijo.
- “El nuevo marco legal es una solución robusta para rastrear y bloquear, como nunca antes, flujos financieros ilícitos”, detalló en sus redes
- “Celebro que, nuestra propuesta, sea, además, resultado de escuchar a distintas voces para dar respuesta directa al problema estructural de la inseguridad y violencia que enfrenta el país”.
Antecedentes: El proyecto que presentó el senador Corral Jurado es producto de la aprobación en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado, el 28 de junio, del dictamen de la iniciativa de reforma integral de la llamada Ley de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- La Comisión de Justicia registró 12 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.
- La Comisión de Estudios de Estudios Legislativos registró 10 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.
Contexto: En octubre de 2024, el senador Javier Corral Jurado presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- También planteó reformas a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal, con el objetivo de robustecer la lucha contra esos delitos y asegurar la estabilidad financiera de México, identificando a los beneficiarios finales.
De qué se trata: La reforma “tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional”, dijo el senador Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia.
- “Los objetivos principales que persigue con el presente dictamen son claros y todos ellos de interés público:”
- “Prevenir que recursos ilícitos alteren su sanidad y con ello la confianza de inversionistas y la solidez del mercado”.
- “Cumplir con los compromisos internacionales derivados de nuestra pertenencia al Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocido como GAFI, actualmente, por cierto, presidido por una mexicana”.
- “Esto con el propósito de evitar sanciones o restricciones que pongan en riesgo la posición financiera de México en el ámbito global”.
- “Atender las observaciones emitidas en la evaluación mutua de 2018 de este organismo, subsanando principalmente deficiencias normativas y operativas en materia de identificación de beneficiarios finales, supervisión de actividades no financieras y debida diligencia respecto de personas políticamente expuestas, proteger el interés público, garantizando que las actividades económicas se desarrollen de manera legal, transparente y segura para ciudadanos y empresas”.
- “Preservar derechos fundamentales mediante restricciones razonables, es decir, que las medidas restrictivas sean proporcionales al riesgo de cada actividad, evitando imponer cargas excesivas a sectores de bajo riesgo, como algunas organizaciones de la sociedad civil”.
- “Preparar al país para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional que tendrá verificativo, precisamente, en este año 2025, asegurando la eficacia de sus mecanismos de prevención y su adecuada implementación operativa”.
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