El pleno del Senado aprobó la propuesta de invitar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a una reunión de trabajo para que informe sobre la intervención de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua sin autorización del Gobierno de México.
- El Punto de Acuerdo, promovido por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, fue aprobado en votación económica.
La reunión, progamada para el martes 28 de abril a las 11:00 horas, incluye al fiscal del Estado, César Jáuregui Moreno.
El dictamen aprobado señala lo siguiente:
- “Se invita respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a una reunión de trabajo en comisiones senatoriales, para que informen sobre los hechos ocurridos en esa entidad, la violación a la Constitución General de la República, la violación a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano”.
El documento solicita además que, de manera previa a esa reunión, los funcionarios remitan a la Cámara de Senadores un reporte pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con autoridades federales y cualquier actuación realizada.
- Previo a la aprobación del punto de acuerdo, senadoras y senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida en el estado de Chihuahua el pasado 20 de abril: los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black; así como los agentes de investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez Montes.
- El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que existe presunción de responsabilidad política y jurídica en el gobierno de Chihuahua, pues en caso de que se haya dado presencia, coordinación o comunicación con agentes extranjeros, sin aviso, autorización o documentación suficiente de parte de la Federación, la gobernadora y la cadena de mando estatal serían responsables por omisión, aquiescencia o falta de coordinación con la Federación.
- Este punto de acuerdo -explicó-, no significa sanción alguna, si la invitación es declinada no prejuzga ninguna culpabilidad penal.
- “Lo que sí tiene -agregó-, es que el Senado activará su mecanismo de control político de rendición de cuentas y esclarecimiento documental, plenamente razonable frente a hechos de posible relevancia constitucional y de seguridad nacional”.
- Subrayó que los hechos no pueden tratarse como un asunto local, porque se involucra al crimen organizado, servidores públicos mexicanos, agentes o funcionarios extranjeros, posible coordinación o comunicación con autoridades de otro país, potencial afectación a la soberanía y a la seguridad nacional, y todo ello representa una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El senador de Morena y promovente de este punto de acuerdo, Juan Carlos Loera de la Rosa, argumentó que la intención de invitar a la gobernadora de Chihuahua es para que explique las versiones contradictorias respecto a la muerte de los dos funcionarios de Estados Unidos, y para impedir que se repitan acuerdos cuestionables como el del operativo “Rápido y Furioso”.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, sostuvo que el Senado no tiene facultades para citar a gobernadores de los estados, sino que, en estos casos, los responsables de llamar a rendir cuentas son los Congresos locales; advirtió que el punto de acuerdo crea un precedente para que, a partir de hoy, esta Cámara cite a mandatarios de las entidades.
Por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo dijo que ninguna intervención extranjera debe ser permitida sin autorización de las autoridades mexicanas, queda muy claro que la soberanía y la integridad territorial son parte fundamental del Estado mexicano y, por lo tanto, bajo ningún pretexto deben ser mancillados, “y aquí puede haber comisión de delitos que pueden significar una traición a la patria”.
Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota manifestó que el Senado de la República no cuenta con instrumentos constitucionales para invitar a una gobernadora a una reunión de trabajo, “no tenemos facultades de seguimiento”. Lo que es grave y delicado, agregó, es que se diga que “la presidenta no sabía lo que estaba sucediendo, no estamos a favor de ninguna intervención extranjera, pero estamos a favor del orden constitucional”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, expresó que el Pleno no debería votar este asunto, “porque la Comisión que lo dictaminó carece de competencia para hacerlo”, pues los hechos que lo motivan no cuentan con un sentido técnico; una comparecencia “disfrazada de invitación sigue siendo una comparecencia y una invasión de competencias formulada con cortesía sigue siendo una invasión de competencias”.
La Asamblea rechazó modificaciones propuestas por senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional, por lo que el dictamen fue aprobado en sus términos.
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