En un amplio reportaje, POPLab y CONNECTAS documentan la operación de Seguritech Privada en nueve estados, entre ellos Chihuahua, las fallas y los riesgos del servicio de videovigilancia, y la triangulación de recursos entre sus empresas.
- «Durante más de una década, gobiernos de distintos partidos e ideologías han respondido de una manera similar frente a la violencia: la videovigilancia», señala el reportaje.
- «Miles de millones de pesos en recursos públicos financiaron cámaras, drones y arcos carreteros, distribuidos en calles, avenidas y autopistas de todo el país».
- «La promesa fue que, a más tecnología, más seguridad. Pero los datos revelados en estos textos muestran que el objetivo no se ha logrado», de acuerdo con el reportaje firmado por Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar.
Contexto: La gobernadora María Eugenia Campos Galván otorgó un contrato por $4,710 millones de pesos a Seguritech Privada SA de CV por la implementación de la Plataforma Centinela, de videovigilancia masiva.
- El contrato incluye la construcción de la Torre Centinela de 20 pisos, en el Centro Histórico de Ciudad Juárez.
- Sin embargo, la Plataforma no se ha terminado de instalar y la construcción de la Torre Centinela no se ha terminado.
- Adicionalmente, la gobernadora Campos Galván contrató el servicio de dos helicópteros por 64 millones 134 mil 056 dólares a una empresa del Grupo Seguritech, en un contrato plurianual que termina en septiembre de 2027.
La Torre Centinela: En Chihuahua, Seguritech opera uno de los contratos «más cuantiosos de los que se tiene registro, el cual incluye una torre de vigilancia de 20 pisos construida por Seguritech en Ciudad Juárez, en la cual dispondrán de un piso agencias de seguridad norteamericanas como el FBI y la DEA».
- «El sistema cuenta con alrededor de 10,000 cámaras y lectores de placas. También tiene la capacidad para conectarse a cámaras privadas, lo que ampliaría su alcance hasta 30,000 dispositivos».
- «Pese a su escala, el acceso a las grabaciones enfrenta los mismos obstáculos documentados en otros estados», señalan los autores del reportaeje.
- El abogado Leyver Montejo, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, citado en el reportaje, «relata que en la mayoría de las solicitudes de grabaciones les responden que las cámaras estaban desactivadas o no operaban al momento de los hechos».
- «Estos casos muestran que la tecnología no solo presenta limitaciones técnicas, sino que su uso depende de decisiones institucionales que no siempre están alineadas con la procuración de justicia».
El reportaje: «La rentabilidad del miedo» es una investigación «basada en el análisis de miles de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros de Seguritech Privada, el mayor proveedor de tecnología de seguridad para gobiernos en México, que desde 2012 ha recibido más de 52 mil millones de pesos (USD 3.007 millones) en contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales».
- «Los documentos fueron recibidos por los periodistas a través de fuentes confidenciales y verificados de forma independiente mediante solicitudes de acceso a la información, registros públicos y contraste con fuentes primarias», se explica en el reportaje.
- «Detrás de los números hay personas pidiendo justicia: familias que esperaron meses para que un fiscal revisara grabaciones que ya no existían, madres buscadoras que describen sistemas efectivos en las demostraciones, pero que fallan cuando se necesitan, y gobiernos que destinaron hasta el 78% de su presupuesto de seguridad a un solo proveedor».
- «La rentabilidad del miedo es una investigación sobre cómo se gasta el dinero destinado a combatir la violencia, a quién beneficia y por qué es tan difícil saberlo», señalan los autores.
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