Manlio Fabio Beltrones, uno de los personajes más oscuros de la historia política reciente, reapareció con el PRD en Estado de México.

• Está acusado de maquinar el desvío de 650 millones de pesos del erario de siete estados a campañas electorales cuando él era presidente del CEN del PRI en 2016, como parte de la Operación Safiro.
• De Chihuahua fueron desviados 246 millones de pesos, en colusión con el entonces gobernador César Duarte Jáquez.
• Participó el sábado 28 de enero de 2023 en la sesión plenaria de diputados federales del PRD, con el pretexto de impulsar una legislación sobre gobiernos de coalición “porque está en riesgo la gobernabilidad del país” en la próxima elección presidencial.

¿Por qué es importante? Beltrones es una pieza clave en la red de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y que alcanzó a Chihuahua durante la gestión de César Duarte Jáquez con la Operación Safiro.

• Existe el riesgo de que al menos la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, quien cogobierna con César Duerte, recurra a un mecanismo similar al de la Operación Safiro para desviar recursos públicos con propósitos electorales.

El 21 de noviembre de 2018, un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que “autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI”.

• “Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades”.
• El 21 de diciembre de 2017, The New York Times publicó una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016.
• Se realizó “con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray”.
• Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad “descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México”.
• “Así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos”.

De acuerdo con testimonios ministeriales de exfuncionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.

• Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasma utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.
• “Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados”.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).

• El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones.
• En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.