El delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo que el PAN de Chihuahua solo quiere utilizar a las personas adultas mayores como carne de cañón.

“Exijan a la gobernadora que firme el convenio para universalizar la pensión para personas con discapacidad en la entidad”, dijo.

• La presidenta del Comité Municipal del PAN en Chihuahua, Sarahy Franklyn, anunció que darán asesoría jurídica para promover un amparo contra Loera de la Rosa por supuestos retrasos en el pago de pensiones para personas adultas mayores.
• Loera de la Rosa respondió que el convocar con mentiras completas a un amparo masivo en contra de su persona y de la Secretaría de Bienestar denota la pobreza de un partido en decadencia con falta de propuestas y moral política.
• En ningún momento se les miente o se niega el pago a ninguna persona mayor de 65 años, ya que se trata de un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, dijo.
• Actualmente, se está llevando a cabo el pago en depósito bancario del Banco del Bienestar, y en los últimos operativos de pago en efectivo en toda la entidad.
• En los mismos operativos se les entrega su tarjeta en la que próximamente cobrarán su pensión.
• El representante del presidente de la República en Chihuahua recordó que la bancada del PAN se opuso cuando se votó para que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se convirtiera en un derecho constitucional.

¿Por qué es importante? Loera de la Rosa exhortó al Comité Municipal panista a que, en lugar de hacer politiquería, exija a la gobernadora que firme el convenio con el Gobierno Federal para que cubra a las personas con discapacidad de Chihuahua, de 30 a 64 años de edad.

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Bienestar otorga pensiones para personas con discapacidad a niñas, niños, jóvenes y adultos hasta 29 años.

• Para otorgar pensión a personas con discapacidad de 30 a 64 años, es necesario que los gobiernos estatales firmen un convenio voluntario por el que el Gobierno federal aporta 50% de los recursos y los estados el 50% restante.
• Hasta la fecha, 21 entidades federativas han firmado el convenio, pero la gobernadora María Eugenia Campos Galván se ha negado a hacerlo.