La jueza Daniela Torres Porras dictó un auto de vinculación a proceso en contra de Paulina del Rocío L. A., por el probable delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en la asignación de cinco contratos.
- El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción del Estado consideró que existió conflicto de interés en el otorgamiento de los contratos cuando ella fungía como Directora de Administración de la Coordinación de Comunicación Social Gobierno del Estado en 2018.
- La exfuncionaria seguirá el proceso en libertad, deberá pasar cada 15 días a firmar en el juzgado y presentarse en las audiencias correspondientes. La jueza dio al Ministerio Público cinco meses para concluir las investigaciones.
¿Por qué es importante? Se trata de una causa penal iniciada durante la anterior administración estatal, aunque la mayoría de los medios atribuyó el proceso al actual Gobierno del Estado y señalaron la comisión del delito de peculado, que no formó parte de la acusación.
- La reactivación del caso es una obvia respuesta a las críticas que recibió la administración estatal, después de que la Interpol -al capturar a Octavio Legarreta Guerrero- exhibió que la Fiscalía de Chihuahua no está buscando a quienes tienen órdenes de aprehensión por delitos de corrupción en complicidad con el exgobernador César Duarte.
- Existen al menos 49 procesos penales pendientes en tribunales del Poder Judicial derivados de la Operación Justicia para Chihuahua, pero el actual Gobierno del Estado no les da seguimiento.
- En el caso de la exfuncionaria de Comunicación, la Fiscalía filtró a los medios la fotografía de la ficha signalética de la detenida, lo cual no hizo en el caso del exfuncionario de Desarrollo Rural ni en otros.
Conflicto de interés. En 2018, cuando era directora de Administración de Comunicación Social, Paulina del Rocío L. A. participó en el otorgamiento de contratos con empresas en la que aparece como propietario su pareja sentimental o su media hermana como representante, según la causa penal 2460/2020.
Antecedentes. El 17 de enero de 2020, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la entonces Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por considerar que la exfuncionaria incurrió en conflicto de interés en la asignación de cinco contratos en 2018.
- Tres contratos a Xtreme Sport S. de R.L. de C.V. que suman 5 millones 740 mil pesos, por servicios de grabación y producción de videos.
- Un contrato por 3 millones 967 mil 188.40 pesos a Upcon S.A. de C.V. para la compra de una megapantalla que se colocó en el exterior del Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez.
- Un contrato por 353 mil 943.40 pesos a Malcomsat S.A. de C.V., por la compra de equipo de cómputo.
• Suma tres vinculaciones a proceso penal cómplice de la red de corrupción de César Duarte
