El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado difundió 10 acciones y omisiones de la gobernadora María Eugenia Campos que han vulnerado la división de poderes, así como el manejo de recursos públicos en la opacidad y riesgos de corrupción.

• “Se han cumplido 500 días desde que la actual gobernadora tomó protesta. En ese momento afirmó que, en su administración, los recursos serían administrados con ‘honestidad’, ‘transparencia’ y ‘eficiencia’”, expuso la diputada Leticia Ortega Máynez.
• Campos Galván “dijo también que habría una estrategia en la coordinación de los cuerpos policiales para mejorar la seguridad en el Estado”.
• “También, la Gobernadora refrendó la continuidad a las investigaciones contra el exgobernador César Duarte, siguiendo el debido proceso, para asegurar una investigación apegada a la ley”.
• “A menos de dos años, todos esos compromisos han quedado en entredicho de manera sistemática”, expuso la diputada por el Distrito 02 de Ciudad Juárez.

¿Por qué es importante? La diputada Leticia Ortega Máynez puso el dedo en la llaga, al exhibir las principales irregularidades en la gestión de Campos Galván y cómo ha operado para capturar al Poder Judicial, ante el silencio de la mayoría de los medios cooptados por Gobierno del Estado.

• Las siguientes son las 10 acciones y omisiones identificadas por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, todas bajo riesgos de corrupción:

1. Gobierno del Estado otorgó en total opacidad y mediante adjudicación directa un contrato de $4,200 millones para la Plataforma y Torre Centinela, clasificando toda la información como reservada durante cinco años.

• El contrato se firmó con SeguriTech Privada, una empresa que ha sido señalada por los sobreprecios en el equipamiento de inmuebles.
• El Gobierno también se ha negado a transparentar las fuentes de financiamiento y el procedimiento de pago que se realizará a lo largo de cinco años. Esto representa un alto riesgo de corrupción.

2. La gobernadora solicitó al Congreso un subsidio de 134 millones 163 mil 325 pesos por la enajenación de un terrero de 16 hectáreas al empresario Luis Lara Armendáriz, identificado públicamente como uno de los principales soportes de la campaña electoral de la actual gobernadora.

• El terreno fue regalado por un monto de 3 millones 382 mil 674 pesos.

3. Se intentó realizar un negocio millonario con uniformes del Cobach, vulnerando la economía de las familias chihuahuenses.

• El Gobierno del Estado, a través del Colegio de Bachilleres, otorgó de manera discrecional y sin contrato alguno la comercialización de paquetes de uniformes para alumnos de nuevo ingreso.
• El Cobach modificó el diseño del uniforme y amplió de tres a cinco piezas cada paquete, lo que elevó su precio a $2,315 pesos.
• El proveedor ganaría 38 millones 352 mil 605 pesos por la venta obligatoria de 16,567 kits de uniformes, uno por cada nuevo alumno aceptado en el ciclo escolar que inició el 15 de agosto.
• A pesar de que se canceló el cambio de uniforme, aun hay familias a las que no se les regresa el dinero.

4. El 1 de febrero de 2022 inició un proceso de replaqueo vehicular afectando una vez más la economía de los ciudadanos, con el cobro del precio de las matrículas cuando ni siquiera se había emitido la licitación para fabricar las placas metálicas.

• Hacienda pagó al proveedor 233.13 pesos por cada juego de placas.
• De febrero a marzo las cobró en 444 pesos a los contribuyentes y, a partir de abril, en 644 pesos.

5. En materia recaudatoria, el Gobierno Estatal también aumentó el ISN del 3 al 4% durante 2022, siendo la tasa de ISN más alta del país.
6. Los riesgos de corrupción han penetrado en el sector cultural.

• En 2022 se adjudicó, a través del municipio de Chihuahua, pero con financiamiento del Gobierno del Estado, un contrato a una empresa por 34.8 millones de pesos por la puesta en escena de 12 funciones, en el contexto de la cancelación del Festival Internacional Chihuahua y de la Feria del Libro de Ciudad Juárez.

7. Se realizó una reforma judicial que pone en riesgo al Sistema de Justicia de Chihuahua y da entrada a una posible captura por parte de grupos de interés.

• La reforma impulsada desde Palacio de Gobierno eliminó los concursos de oposición en el nombramiento de las magistraturas.
• Se cambió la Constitución Política de Chihuahua para seleccionar al poder judicial mediante dedazo, poniendo en riesgo su autonomía.

8. El 5 de julio, la gobernadora designó a Nidia Orpinel Pizarro como encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

• En 2014 y 2016, Orpinel Pizarro fue designada titular de las Fiscalías de Distrito de Ciudad Delicias y de Parral por el entonces gobernador César Duarte, quien acudió personalmente a tomarle protesta en cada sede.
• Por esta razón, la fracción parlamentaria de Morena y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua calificó el nombramiento de “improcedente, ilegítimo e ilegal” porque se trata de un organismo con autonomía constitucional.

9. La corrupción en este Gobierno se ha visto como penetra en cualquier dependencia, afectando también la seguridad de la población.

• En la memoria de los juarenses no se olvidará el motín en Cereso de Juárez el 11 de agosto, después de que un grupo armado ingresó al penal y desembocó en caos y violencia en toda la ciudad.
• Esto obligó a Francisco Javier Delgado Soto a renunciar a la dirección del Cereso Estatal. La problemática del Cereso no acabó ahí.
• Luego de los disturbios del 1 de enero de este año, cerca de 30 internos lograron escapar del Cereso No. 3 y 10 custodios fueron asesinados.
• Se encontraron en el Cereso: celulares, armas de fuego y dinero en efectivo.

10. La más reciente acción que evidencia un riesgo de corrupción y conflictos de interés son los recientes movimientos de gabinete que parecen blindar a ciertas personas.

• Ante el nombramiento del nuevo fiscal, por la relación que tuvo este con el exgobernador cuando él era diputado local junto con la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, existe el riesgo de que no se realicen las diligencias necesarias y que se relaje la presentación de pruebas contra Duarte durante el próximo juicio oral.
• El actual fiscal era jefe de Campos durante aquella legislatura. Él era coordinador y ella vicecoordinadora de la bancada del PAN. La Fiscalía señaló que los dos cobraron alrededor de 10 millones de pesos.

“La serie de contrataciones y nombramientos mencionados demuestran que el propósito de la gobernadora no es el bien común como tanto pregona”, dijo la diputada Leticia Ortega.

• “Su objetivo es mantener el control de los Poderes Judicial y Legislativo, así como desprestigiar el combate a la corrupción, desactivar ciertos procesos judiciales y mantener en la oscuridad el uso de los recursos públicos”.
• “Como ha mencionado el presidente López Obrador: la corrupción ha sido uno de los principales problemas de este país. Sin embargo, antes no se hablaba de ello”.
• “Si se hace un análisis de los discursos de 50 años a la fecha no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera, y en los medios de información ocurría lo mismo”.
• “Sin embargo, ya deben ser otros tiempos. Es momento de abrir a la discusión pública estos temas. Esta fracción parlamentaria seguirá denunciando públicamente cualquier acto de corrupción, impunidad, amiguismo o influyentismo”.

“A 500 días de este Gobierno se ha demostrado que la finalidad es hacer negocio desde el poder público, regalar los bienes públicos, dar nombramientos en las posiciones clave del aparato de justicia con conflictos de interés, perseguir opositores, liberar presos y agraviar a la cultura”.

• “Por algo en el poco tiempo del gobierno de María Eugenia Campos, su aprobación ha caído y ya se encuentra entre los gobernadores del país peor evaluados”, dijo la diputada Leticia Ortega.