Cada vez que comparece en tribunales, César Duarte Jáquez dice que demostrará en un juicio ser un “preso político”. Y la mayoría de los medios de Chihuahua reproducen sus palabras sin contexto.

• Pero su equipo de abogados no tiene pruebas a su favor.
• Por esa causa, una y otra vez han atrasado con artilugios que comparezca ante la justicia y liberarlo, ahora “por motivos de salud”, mientras litigan en medios.
• En esta ocasión pidieron al juez de Control que la audiencia intermedia programada para el 2 de enero fuera diferida dos meses, para el 3 de abril de 2023. El juez lo concedió.
• La petición fue de última hora. El plazo de seis meses que el juez de Control otorgó al Ministerio Público para concluir las investigaciones concluyó el 10 de diciembre de 2022.
• En casi dos meses, ni el Ministerio Público ni la defensa solicitaron ampliar el plazo para continuar las investigaciones o para reunir más pruebas.
• La solicitud para diferir la audiencia intermedia fue “por la necesidad de ampliar el plazo para el descubrimiento probatorio, por la sobreabundancia de actuaciones y la falta de entrega por parte de algunas autoridades de documentos públicos para que puedan usarse como prueba en el juicio de mi representado”, declaró el abogado Juan Carlos Mendoza Luján.
• En la audiencia intermedia, el juez de Control debe determinar cuáles medios de prueba admite del Ministerio Público y cuáles de la defensa, para después definir la fecha de inicio de la audiencia del debate de juicio oral.
• En cambio, los abogados solicitaron al juez de Control modificar la medida cautelar de prisión preventiva por la de arraigo domiciliario por supuestos problemas de salud del exgobernador.
• La petición fue negada por el juez de Control, Humberto Chávez Allende.
• El 30 de agosto de 2022, el juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, le había negado a César Duarte Jáquez el amparo de la justicia federal contra la medida cautelar de prisión preventiva, en el juicio 1218/2022.

¿Por qué es importante? Desde que fue detenido con fines de extradición en Miami, Florida, el 8 de julio de 2020, el equipo de abogados de César Duarte Jáquez ha promovido diversos recursos legales para evitar que el exgobernador sea llevado ante la justicia.

• Duarte Jáquez estaba prófugo de la justicia desde marzo de 2017, cuando se emitió la primera orden de aprehensión en su contra.
• Desde entonces, sus abogados han tramitado al menos 90 demandas de amparo con relación a las distintas órdenes de aprehensión, para evitar su extradición a México y para revertir el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado y la prisión preventiva.
• Ha perdido todas las demandas de amparo de la justicia federal.
• Duarte Jáquez y sus abogados han optado por litigar en los medios, bajo el amparo que les brinda un Poder Judicial y una Fiscalía General a modo.

Sin pruebas a favor. El equipo de abogados de Duarte Jáquez tenía la obligación de conocer sobre las acusaciones contra el exgobernador al menos desde su detención el miércoles 8 de julio de 2020, en Miami, Florida.

• La solicitud de extradición se basó en una orden de aprehensión emitida por la jueza María Alejandra Ramos Durán, jueza de Garantías del Distrito Judicial Morelos, el 8 de octubre de 2019.
• La solicitud de extradición fue repuesta después de que durante la gestión de Enrique Peña Nieto se realizó de manera indebida, con el propósito de beneficiar a Duarte Jáquez.
• El 8 de noviembre de 2021, la jueza Lauren Louis, magistrada de la Corte del Distrito Sur de Florida, otorgó la extradición a México de César Duarte Jáquez, al considerar que “existe una causa probable para creer que Duarte cometió los delitos imputados en la denuncia de extradición”: malversación de fondos gubernamentales y conspiración, ambos con penalidad agravada.
• En todo este tiempo, los abogados no han reunido las pruebas para la defensa de Duarte Jáquez, como se demostró en la audiencia del 2 de febrero, en la cual solicitaron diferir dos meses la fecha de la audiencia intermedia.

El Ministerio Público (de la administración 2016-2021) acusó a César Duarte Jáquez del desvío de 96.6 millones de pesos del erario de Chihuahua para beneficio personal, según la causa penal 3041/2019.

• El 10 de junio de 2022, el juez de Control Humberto Chávez Allende le dictó un auto de vinculación a proceso penal por los delitos agravados de peculado y asociación delictuosa.
• Las penalidades agravadas alcanzan hasta 8 años de prisión por el delito de asociación delictuosa y 9 años por peculado agravado.
• Se encuentra internado en el Cereso Número 1 de Aquiles Serdán desde la madrugada del viernes 3 de junio de 2022, después de que fue extraditado de Estados Unidos a México.

¿En qué consistieron los delitos? La conducta ilícita “radica en el desvío de fondos públicos, patrimonio del Estado de Chihuahua, por $96’685,253.90 pesos”.

• El dinero fue retirado entre 2011 y 2014 de diversas cuentas mediante a dos empresas en las que el entonces gobernador era socio mayoritario.
• Se registraron 11 procedimientos administrativos fraudulentos en los que se realizaron 17 pagos con recursos públicos a Unión Ganadera Regional División del Norte de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SA de CV, propiedad de Duarte Jáquez.