El primer Reporte del Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2021 muestra que “a nivel nacional el impulso al fomento y participación de las OSC tiene un panorama desalentador y estancado”.

• La mayoría de las entidades resultaron calificadas por debajo del 50%, con promedio nacional un 34%, “lo que en términos de calificación estaría más que reprobadas”.
• La información y datos generados en la investigación busca que las OSC y otros actores “conozcan la situación del fomento en su entidad”.
• Y que “tomen acciones, medidas y planes para demandar a las autoridades correspondientes el cumplimiento cabal de sus derechos y libertades”.
• La herramienta fue desarrollada por Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, Asociación Civil, creada en 2008, con amplia experiencia en temas de prevención del delito, observatorios, agendas de derechos, talleres y cursos en derechos humanos y empoderamiento jurídico.

¿Por qué es importante? El Índice de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 2021, de ACED AC, es la primera herramienta que mide las dimensiones legal, institucional y programática de manera integral.

• Se trata de un recurso extraordinario para conocer la situación actual del fomento a las OSC en las entidades federativas.

El objetivo del reporte es dar a conocer los hallazgos del Índice de Fomento a las OSC en las dimensiones legal, institucional y programática, así como ayudar a que las organizaciones y la sociedad cuenten con información para su empoderamiento a nivel local y la defensa del espacio cívico.

• Dimensión jurídica. “El contenido en las legislaciones (25 en 2021) tiene retos y desafíos que son indispensables atender para lograr un mejor fomento”.
• Dimensión institucional. “Las instituciones encargadas del fomento no se han materializado en la gran mayoría de las entidades de la república mexicana, por lo que la legislación queda parcialmente como letra muerta”.
• Dimensión programática. “Menos de la mitad de las entidades cuentan con algún programa de fomento. Debe asegurarse su continuidad, mejorar su efectividad y sus recursos para contribuir al fortalecimiento de las OSC y un impacto en la sociedad”.

Las OSC en México enfrentan un entorno desafiante y complejo, tal como lo demuestra el Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) en sus dos ediciones (2019 y 2020), de acuerdo con el reporte.

• “Una de las razones es la mala relación con el Gobierno Federal, lo cual también ha provocado retrocesos en los espacios de participación ciudadana construidos, por lo menos en los últimos 20 años, a partir de la alternancia democrática de 2000”.
• “En las diversas entidades federativas las políticas de fomento son muy diversas, por ello a raíz de la evaluación de las tres dimensiones (jurídica, institucional y programática) que conforman el índice se encontraron los siguientes resultados”.
• “El promedio general se ubicó en 34.03% (de 100% posible), donde la mayoría de las entidades se posicionaron por debajo del 50% del total, en otras palabras, están más que reprobadas, lo cual muestra una debilidad en distintos ámbitos que frenan el fortalecimiento y empoderamiento de las OSC”.
• “Las únicas que están por arriba de este porcentaje son: Jalisco que ocupa el primer lugar (78.61%), seguido por Aguascalientes (64%), Quintana Roo (63.02%), Chihuahua (62.13%) y Sonora (58.40%), sin embargo, aún hace falta por fortalecer distintas áreas de estas entidades”.

La evaluación por cada una de las dimensiones registró los siguientes resultados:

• Al marco jurídico se le otorgó un 20% del total del índice y el promedio de las 32 entidades en esta dimensión se colocó en 8.77%, lo cual equivaldría a una calificación de 4.38 sobre 10.
• De la misma manera, Jalisco (con una puntuación de 14.4%), Sonora (13.67%) y Michoacán (13.48%) ocuparon los tres primeros lugares, sin embargo, sus puntuaciones sobre el porcentaje total de la dimensión no supera el 8 de calificación.
• Por ejemplo, Jalisco tendría una calificación de 7.2/10, mientras que el resto de entidades estarían por debajo.

El marco institucional tiene un valor de 35% y el promedio de esta dimensión se ubicó en 11.55%.

• Jalisco, con un puntaje de 26.41% y Quintana Roo (22.01%) se posicionaron en el primer y segundo lugar, respectivamente.
• No obstante, sus porcentajes sobre el total del valor de la dimensión tampoco alcanzó un 8 de calificación: Jalisco obtuvo 7.54/10 y Quintana Roo un 6.2.
• En tanto, al igual que en la dimensión anterior, el resto de entidades obtuvo calificaciones reprobatorias.

En el marco programático su estimación correspondió al 45% y el promedio en esta dimensión fue de 13.71%.

• Jalisco (un puntaje de 37.80%), Chihuahua (36.45%), Nuevo León y Sonora (ambos con 35.10%) se ubicaron en los 4 primeros lugares.
• Estas puntuaciones corresponden a las siguientes calificaciones en relación con el 45%/10 del total: Jalisco con 8.4, Chihuahua con 8.1, Nuevo León y Sonora con 7.8.

En el Reporte se observa que todas las entidades federativas poseen una debilidad en diversos ámbitos que impiden un correcto y adecuado fomento, desarrollo y empoderamiento de las OSC.

• “Si bien debe felicitarse a aquellas entidades que obtuvieron calificaciones aprobatorias en el índice, es necesario que estas fortalezcan áreas específicas, buscando mejorar sus acciones”.
• “El contar con este tipo de entidades serviría de ejemplo o de buenas prácticas para otras”.

Conclusiones. El Reporte señala que la creación del Índice 2021 tuvo la finalidad de mostrar de forma desagregada y comparada el estado del fomento y desarrollo de las OSC en cada una de las 32 entidades federativas en los ámbitos jurídico, institucional y programático.

• De esta manera, el tener una perspectiva clara y exhaustiva permitirá orientar la toma de decisiones de las autoridades responsables y la sociedad en general.
• Aunque existieron algunas entidades que obtuvieron puntuaciones altas, las cuales constituyen modelos a seguir, estas aún deben fortalecer sus áreas de oportunidad para lograr un adecuado desarrollo de las OSC en sus respectivas regiones.
• A nivel jurídico, 25 de las 32 entidades cuentan con una legislación en materia de fomento a las actividades de las OSC, lo cual representa un logro para la institucionalización y fortalecimiento de estos actores y otros actores no formalmente constituidos, ya que fungen como respaldo legal para exigir y demandar el cumplimiento de sus derechos.
• Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las entidades se han sumado a la promulgación de sus propias leyes, estas se encuentran desactualizadas, dejando fuera puntos relevantes, razón por la cual el promedio nacional de esta dimensión se ubicó en 8.77% del 20% total posible.

Es necesario actualizar las leyes de tal forma que sean exhaustivas en los ámbitos de competencia, claras y específicas y, sobre todo, ser innovadoras, contemplando la participación de otros actores, así como otros puntos que incentiven a generar acciones de impacto.

• Al igual que el marco anterior, la institucionalidad a nivel nacional es débil, ya que las acciones institucionales se han visto abandonadas y relegadas, arrojando como promedio nacional en esta dimensión un 11.55% del 35% total posible.
• Poseer y asegurar un ambiente institucional favorable por parte de los gobiernos locales se traduce en una mejor implementación de programas y recursos destinados a las OSC, así como un fortalecimiento de la relación entre ambos.
• El marco programático se ubicó en promedio en 13.71% del 45% del máximo posible, lo cual indica que existe una falta de esfuerzos por parte de las autoridades para afianzar su compromiso en favor de la OSC.
• Es necesario aumentar la implementación de programas económicos y no económicos, porque representan uno de las principales fuentes de impulso y fortalecimientos de estos actores mediante estímulos para que desempeñen sus respectivas actividades.

Todo el crédito de esta información pertenece al Reporte del índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2021, de ACED AC.

Primera edición, 2022
Coordinador del proyecto: Pablo Armando González Ulloa Aguirre
Equipo de investigación: Araceli Gómez Martínez, Valeria Carreón Reyes, Osmar Cervantes González
Consultor: Miguel de la Vega