El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presentó una ambiciosa iniciativa de reforma legal que crea un nuevo tipo penal federal relacionado con la apropiación ilícita de aguas nacionales, para fortalecer la protección del patrimonio hídrico del país.
- El proyecto de decreto propone una reforma integral a cuatro leyes federales y contempla sanciones de cuatro a 15 años de prisión, así como multas millonarias para quienes extraigan, desvíen o comercialicen agua nacional sin autorización.
- La iniciativa propone reformas y adiciones al Código Penal Federal, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley de Aguas Nacionales.
- El proyecto, presentado en la tribuna de la Cámara de Senadores por el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Con esta acción, Juan Carlos Loera da una muestra clara de su lucha por el bienestar de Chihuahua, anteponiendo siempre el interés del pueblo frente a cálculos políticos-electorales.
- Además, se inserta en su compromiso con la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum, para avanzar en el Plan Nacional Hídrico.
- En su trabajo como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Juan Carlos Loera identificó que la sobreexplotación de mantos acuíferos es un problema extendido, particularmente, en estados fronterizos con Estados Unidos.
Datos recabados por organismos operadores estatales indican la existencia de más de 131 mil tomas clandestinas entre 2019 y 2023 en casi todos los estados del país.
- Además, la instalación de tomas clandestinas, el desvío ilegal de agua y el uso de infraestructura no autorizada generan pérdidas anuales equivalentes a más de 600 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua y la Auditoría Superior de la Federación.
“No podemos permitir que se robe impunemente un recurso que es propiedad de la Nación y un derecho humano para todas y todos los mexicanos”, expone Loera en la justificación de la reforma.
- La iniciativa reconoce el riesgo sistémico que representa el robo de agua en un contexto de sequías crecientes, estrés hídrico y debilidad institucional.
- También se propone la extinción de dominio de tierras, pozos y equipos utilizados en el delito, destinando los recursos recuperados a la rehabilitación de cuencas y obras hidráulicas.
- Adicionalmente, se establece la revocación automática de concesiones cuando el titular sea sentenciado por robo de agua.
- También, la instalación obligatoria de medidores inteligentes (telemetría) en todos los puntos de extracción autorizada para evitar el subregistro de volúmenes y la creación de un padrón público de tomas clandestinas con información georreferenciada.
- La iniciativa es una acción que se suma al informe técnico de esta situación enviado a la Presidenta Claudia Sheinbaum y se deriva de una serie de reuniones con agricultores chihuahuenses y con el director general de Conagua, Efraín Morales.
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