Al cerrar el último bloque de las Audiencias Públicas para analizar la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, dijo que durante estos dos días se privilegió una amplia discusión, con el propósito de incorporar a todas las visiones sobre esta figura jurídica.
- Participaron 40 especialistas en la materia, académicos, representantes de OSC y colegios de abogados.
- Corral Jurado afirmó que los puntos de vista externados permitirán generar propuestas que contribuyan a la elaboración del dictamen, por lo que una vez concluidas las audiencias las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos trabajarán de manera profunda para reconstruir las virtudes y limitaciones del juicio de amparo, pues está lleno de tecnicismos y no es accesible.
- El amparo es la base y pilar del sistema de acceso a la justicia, de la protección de garantías y derechos sociales, de manera que recogen las inquietudes, propuestas y preocupaciones para tratar de plasmarlas en el dictamen, dijo.
- “Estamos listos para convocar a las comisiones”, pues este espacio es parte de una voluntad política.
Alejandro Gutiérrez Muñoz, litigante, dijo que la iniciativa limita los derechos de impugnar en la vía de recurso de revocación y de juicio contencioso administrativo federal, en el procedimiento administrativo de ejecución.
- La consejera del Colegio y Barra de Abogadas y Abogados, Lidia Monsalvo Álvarez, señaló que en la discusión de la reforma se debe tener en cuenta el no retroceso en la protección de los derechos humanos, para lograr una justicia más expedita, por lo que se debe hacer una reforma que esté en armonía con la Constitución y con los tratados internacionales.
- Ligia Claudia González Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que la palabra amparo está en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significa que no se pueden violar los derechos fundamentales por parte de quienes realicen actividades oficiales, y el interés legítimo y la suspensión deben ser progresivos para agilizar la justicia.
- La presidenta de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía, Cristina Vizcaíno Díaz, agregó que la modificación en la reforma sobre la ampliación a la demanda en amparo directo es inaceptable, porque no cumple ni respeta el artículo 17 constitucional y se restringe el ámbito de la protección de las personas.
- Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dijo que con la reforma se corre el riesgo de que la ciudadanía pague con sus impuestos la multa que le corresponde liquidar al servidor público por no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que lo ideal es que las multas sean absorbidas por los funcionarios.
La magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, dijo que con esta reforma hay un retroceso para las minorías pues se modifica el interés legítimo que permite la defensa de los derechos colectivos, lo mismo las modificaciones a la ampliación de demanda, por lo que sería ideal hacer un análisis sobre los causales de procedencia a favor de los justiciables.
- Arturo Gregorio Peña Oropeza, litigante, asentó que cuando se hable del interés legítimo es preciso que en la reforma se supriman las palabras “actual” y “directo”, con la intención de que no se deje margen a la interpretación, en tanto que para evitar que los colectivos puedan acceder al amparo, es preciso especificar la frase “individual o colectivo”.
Piden al Senado no limitar la figura de interés legítimo, en el segundo día de audiencias al que acudieron 20 participantes.
- Durante las audiencias públicas sobre la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, las y los participantes coincidieron en que, si bien es positivo que se analicen los alcances del juicio de amparo en línea, es importante también que se evite la delimitación de las figuras del interés legítimo y de la suspensión provisional, pues en lugar de ser derechos progresivos, con el proyecto se retrocesos de una década.
- La coordinadora de documentación y litigio GIRE, Luisa Fernanda Tello, expuso que con la reforma el amparo esta figura se debilita y limita en cuanto al interés legítimo, la suspensión provisional y los medios para el cumplimiento de las sentencias, pues para las organizaciones civiles la defensa de los derechos colectivos es prioridad y con los cambios a la norma se retrocede en lugar de avanzar.
- Víctor José Banda Herrera, director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refirió que los cambios sobre la ampliación de la demanda son acertados pues no vulneran los derechos de los quejosos.
- El consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, Raúl Armando Jiménez Vázquez, mencionó que la reforma es estratégica y moderna, y se alinea con los criterios estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues facilita el acceso a la justicia a los que menos tienen, además de evitar el abuso del juicio de amparo.
- Georgina Velasco Zanella, litigante, dijo que es positivo que la reforma incluya la digitalización del amparo, particularmente al ser un país de alta sismicidad y por estar en un esquema global en donde no estamos exentos de pandemias, por lo que es importante regularlo a fin de optimizar el uso de los recursos materiales y personales.
- El magistrado de circuito en materia penal, Ricardo Paredes Calderón, dijo que el proyecto de iniciativa fortalece el juicio de amparo.
- Sin embargo, no se debe limitar el interés legítimo, ni incluir requisitos para la procedencia de la suspensión ya que es un retroceso en prejuicio de los gobernados, además de que las autoridades pueden violar los derechos humanos y los Tratados Internacionales.
- César Silva Mejía, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que la reforma no perjudica los derechos humanos de los gobernantes, pero sí revierte el “enriquecimiento desmedido” de unos pocos bajo normas ‘ad hoc’, por ello es que son los empresarios los primeros quejosos de la propuesta presidencial.
- De la Asociación de Bancos de México, Gabriel Pérez Ríos, asentó que uno de los aspectos positivos de la iniciativa es el juicio en línea, pero que cuando se habla de la suspensión se deja en estado indefensión a los gobernados, lo mismo cuando se trata del cumplimiento de las sentencias, pues debilita los incentivos.
- Además, dijo que en materia económica, si la reforma no da certeza jurídica sobre la viabilidad de las inversiones, el daño económico será de gran tamaño y afectará el desarrollo del país.
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