La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua “mantendrá la carpeta de investigación” relacionada con Javier Corral en el ámbito local, pese a que un Tribunal Colegiado ordenó entregar el expediente a la Fiscalía General de la República y desistirse del conocimiento del asunto.
- “Sigue vigente la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, otorgada por la Jueza Décimo de Distrito”, dijo el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín en un comunicado.
- “El Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer el caso, toda vez que se trata de un delito por hecho de corrupción tipificado en el Art. 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua como Peculado Agravado”, según la Fiscalía Anticorrupción.
- La postura de Valenzuela Holguín representa un desacato de la orden del Tribunal Colegiado y un intento de confundir a la ciudadanía.
Contexto: El viernes 9 de enero de 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.
- El Tribunal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.
- La resolución se emitió después de que la Fiscalía General de la República determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.
Por qué es importante: La resolución del Tribunal Colegiado exhibe la fabricación de delitos y la persecución política contra Javier Corral por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
- Campos Galván ha utilizado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Auditoría Superior del Estado en su vendetta contra quienes investigaron a la red de corrupción de César Duarte, en la que ella participó como parte de la “nómina secreta”.
Antecedentes: El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, fabricó un caso de supuesto peculado en contra de Javier Corral, por instrucciones de la gobernadora Campos Galván, con relación al refinanciamiento de la deuda pública en 2019.
- Según Valenzuela Holguín, Gobierno del Estado pagó 98 millones de pesos por servicios no prestados en el proceso de la reestructura, por lo que también imputó al ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y a un particular.
- En distintas ocasiones, Corral ha informado que ni la Auditoría Superior del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción permitieron presentar los comprobables de la prestación del servicio.
La defensa: El despacho Schütte y Delsol Abogados, que lleva la defensa jurídica del senador Javier Corral, emitió un comunicado para informar los motivos por los que solicitó a la FGR ejercer la facultad de atracción del caso:
- “La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos”.
- “La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho”.
- “Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho”.
- “Confiamos en que constatarán la absoluta inocencia de Javier Corral frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua, y que esto será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra de la corrupción política, como lo hemos denunciado ante la propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales”.
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