El periodista Luis Adrián Sánchez Domínguez, director del medio digital Chupa TV, informó que acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para denunciar amenazas de muerte, actos de intimidación y una campaña de hostigamiento institucional en su contra, derivada de investigaciones periodísticas relacionadas con el Ayuntamiento de Chihuahua.
- A través de su medio digital, el comunicador señaló que ha recibido mensajes intimidatorios provenientes de perfiles anónimos, incluyendo amenazas directas, así como el envío de fotografías donde aparece en su vida cotidiana, en las inmediaciones de su domicilio, lo que constituye un patrón de intimidación grave que pone en riesgo su integridad personal.
- En su posicionamiento público, el periodista manifestó que, en caso de sufrir un atentado contra su vida, responsabiliza políticamente al presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza.
- Los ataques en su contra se han producido tras revelar información de interés público relacionada con la conducta de funcionarias municipales, dijo.
La denuncia formal presentada por el periodista establece que las agresiones comenzaron después de que documentó y difundió evidencias que acreditan que funcionarias del Ayuntamiento, incluida la titular del Órgano Interno de Control, así como regidoras del Partido Acción Nacional, interactuaron, validaron y compartieron contenidos digitales con expresiones de violencia misógina dirigidas contra la senadora Andrea Chávez y la diputada Brenda Ríos.
- Posteriormente a dicha publicación, el periodista señala que se activó una reacción sistemática en su contra caracterizada por amenazas, mensajes intimidatorios, campañas de descalificación pública y ataques coordinados en redes sociales, los cuales, de acuerdo con su denuncia, presentan indicios de coordinación y amplificación vinculada a estructuras políticas municipales.
El comunicador denunció que regidoras del Ayuntamiento utilizaron una sesión formal de Cabildo para emitir señalamientos públicos en su contra desde el foro institucional, lo que, de acuerdo con su recurso legal, constituye un uso indebido del poder público con fines intimidatorios y un acto de estigmatización institucional que agrava el riesgo en su contra.
- En su queja, el periodista solicitó la adopción urgente de medidas cautelares, la activación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la emisión de una recomendación formal contra el Ayuntamiento por posibles violaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la seguridad personal.
- Diversos colectivos de defensa de derechos humanos, organizaciones de periodistas y actores sociales han expresado su preocupación por el caso, señalando que este tipo de agresiones representan un grave riesgo para el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público en el estado de Chihuahua.
- Advirtieron que la utilización de estructuras institucionales y plataformas oficiales para desacreditar a periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta que debilita los principios democráticos y vulnera el derecho a la información.
Organizaciones civiles han hecho un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar la integridad del periodista, investigar los hechos denunciados y asegurar que se respete plenamente la libertad de expresión en la entidad.
- El caso ha encendido alertas sobre el clima de riesgo que enfrentan periodistas independientes en Chihuahua, particularmente aquellos que investigan y difunden información relacionada con el ejercicio del poder público.
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