La diputada María Antonieta Pérez Reyes solicitó al titular de la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas Estatal, Enrique Rascón Carrillo, entregar información precisa en relación a las estadísticas de niñas y adolescentes indígenas que han sido violentadas sexualmente.
- En 2025, al menos 520 niñas de comunidades indígenas fueron violadas sexualmente, según el registro de embarazos y nacimientos en el Centro Materno Infantil de Parral.
- “Es criminal dejar áreas como la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas en personajes sin preparación, sin interés y sin conocimiento, solo por el pago de favores políticos”, dijo la diputada.
- “Porque en ese pago de favores políticos, lo vienen pagando, y muy caro, las comunidades indígenas, sobre todo, las más vulnerables, sus niñas y mujeres adolescentes, que descubren, de una manera cruel, la sexualidad y la maternidad”, señaló.
Pérez Reyes recordó que durante el periodo 2021–2025, el estado de Chihuahua ha registró cifras alarmantes de embarazos en niñas indígenas, particularmente de etnia ralámuli.
- Reportes periodísticos, registros administrativos y datos demográficos oficiales indican que el fenómeno constituye violaciones graves de derechos humanos, abuso sexual sistemático y omisiones institucionales.
- Explicó que el Código Penal del Estado establece que cualquier acto sexual con una menor de 14 años constituye violación equiparada, y delito perseguible de oficio; por lo que cada embarazo de una niña menor de dicha edad constituye evidencia de un delito que debió ser denunciado, investigado y perseguido por el Estado.
“La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas tiene la obligación legal, moral y administrativa de intervenir, prevenir y denunciar estos hechos”, dijo la diputada morenista.
- María Antonieta Pérez hizo hincapié en los datos oficiales muestran una situación muy grave, solo por dar un ejemplo en el Centro Materno Infantil de Parral, el 40 por ciento de los mil 300 nacimientos registrados en el último año correspondieron a madres indígenas menores de edad, equivalente a aproximadamente 520 niñas indígenas embarazadas.
- “Se documentaron embarazos de niñas indígenas de 11, 12, 13 y 14 años, lo cual constituye violación equiparada conforme al Código Penal del Estado”, expuso.
- Todos estos datos, soló muestran las omisiones del titular Enrique Alonso Rascón Carrillo, ya que no cumplió con su obligación elemental de denunciar, proteger y prevenir a los más vulnerables de los pueblos originarios, a su niñez.
Ante este panorama la diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes solicitó a la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas Estatal informar:
- Proporcione a este H. Congreso el reporte estadístico que su secretaría tiene al respecto de cuantas niñas y adolescentes han sido violentadas sexualmente dando a luz en el periodo 2021-2025?
- ¿Qué acciones preventivas ha llevado a cabo desde su toma de posesión del cargo para disminuir la violación de niñas y adolescentes indígenas en el estado de Chihuahua?
- ¿Qué acciones legales ha tomado derivado de los cientos de embarazos productos de la violación sexual de nuestras niñas y adolescentes indígenas?
- ¿Cuántas denuncias ha interpuesto el área jurídica a su cargo o en conjunto con otra autoridad competente ante la Fiscalía General del estado, derivado de las violaciones sexuales aquí expuestas?
- ¿Cuántas sentencias condenatorias ha logrado su equipo jurídico en contra de los responsables de las violaciones sexuales de las niñas y adolescentes indígenas?
- Proporcione a este H. Congreso el censo, así como el seguimiento que la SPyCI ha integrado para asegurarse del cuidado y protección post violación sexual de las niñas y adolescentes indígenas.
- ¿Qué medidas de protección jurídica y seguridad médica y alimentaria ha implementado en protección de las pequeñas mujeres violentadas sexualmente y de los hijos que han engendrado?
- ¿Por qué sabedor de su nula formación académica y social para estar al frente de una secretaría tan compleja como lo es la SPyCI, aceptó usted el cargo de titular?
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