El nombre de Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, aparece ahora en expedientes judiciales por una razón incómoda para cualquier funcionario que presume combatir la ilegalidad: desacatar una orden de un juez federal.
- Documentos oficiales revisados por esta redacción revelan que el fiscal fue sancionado con una multa luego de no cumplir un requerimiento judicial dentro de un proceso penal en curso, en un episodio que expone tensiones graves entre autoridades estatales y federales en materia de justicia.
- Los acuerdos judiciales, emitidos por el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, indican que el fiscal Anticorrupción omitió atender una instrucción directa del juzgado relacionada con la entrega de una carpeta de investigación que debía remitirse a la Fiscalía General de la República.
- La resolución forma parte de la causa penal 227/2025 y fue firmada el 17 de febrero de 2026 por un juzgado federal.
Un requerimiento ignorado: De acuerdo con el acuerdo judicial, el 30 de enero de 2026 el juzgado federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del estado remitir una carpeta de investigación específica a la FGR para su análisis dentro de un procedimiento federal.
- La instrucción era clara y formaba parte de un trámite procesal básico dentro del expediente.
- Sin embargo, el requerimiento no fue atendido dentro del plazo establecido por la autoridad judicial.
- El mismo documento señala que tampoco fue cumplido otro requerimiento dirigido al juez local César Miguel Rodríguez Martínez, quien debía remitir registros vinculados a una causa penal distinta.
- Ante la falta de respuesta de ambas autoridades, el juzgado federal decidió aplicar una medida de apremio.
Multa a un fiscal Anticorrupción: En un segundo documento oficial, un oficio dirigido a la autoridad recaudadora del SAT, el juzgado federal ordenó hacer efectiva la sanción económica prevista en el apercibimiento previo.
- La multa asciende a 20 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $2,262.80 pesos, y fue impuesta tanto al juez local como al propio Abelardo Valenzuela Holguín.
- Más allá del monto, el hecho tiene un peso institucional difícil de ignorar: un juez federal sancionando al fiscal anticorrupción de Chihuahua por incumplir una orden judicial dentro de un proceso penal.
- La resolución cita expresamente el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite imponer sanciones a autoridades que desatienden resoluciones judiciales.
Un mensaje contradictorio: El episodio resulta especialmente delicado porque involucra a la institución que, en teoría, debería perseguir precisamente este tipo de conductas dentro del servicio público.
- La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue creada con el objetivo de investigar delitos cometidos por funcionarios.
- Sin embargo, el propio titular del organismo aparece ahora en acuerdos judiciales federales por no cumplir un requerimiento procesal básico.
- La contradicción es evidente: la autoridad encargada de vigilar el respeto a la ley termina siendo sancionada por no acatarla.
Un litigio que llegó a la justicia federal: Los documentos revisados también muestran que el caso forma parte de un conflicto procesal más amplio, en el que diversas autoridades estatales han intentado trasladar el litigio hacia instancias federales mediante recursos legales, entre ellos juicios de amparo.
- El expediente sugiere que no se trata de un incidente aislado, sino de una disputa judicial más compleja en la que el acceso a información clave se ha convertido en un punto de fricción entre autoridades.
- En ese contexto, la negativa inicial a remitir la carpeta de investigación solicitada por el juez federal adquiere un peso mayor dentro del proceso.
Silencio institucional: Hasta ahora, ni la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ni el gobierno estatal han explicado públicamente por qué el fiscal Valenzuela Holguín no cumplió el requerimiento judicial que dio origen a la sanción.
- Tampoco existe información pública que confirme si la carpeta de investigación solicitada por el juzgado federal ya fue finalmente entregada o si el desacato fue subsanado.
- La ausencia de explicaciones oficiales deja abierta una pregunta inevitable sobre el funcionamiento real de una institución que fue creada para combatir la corrupción, pero que hoy aparece en documentos judiciales federales por desobedecer una orden de un juez.
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