La gobernadora María Eugenia Campos Galván puede ser sujeta de juicio político y acusada de traición a la patria por violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por permitir la operación de agentes de la CIA en Chihuahua.
- El senador Enrique Inzunza Cázarez dijo que se configura la violación a la Carta Magna y una responsabilidad que “puede ser exigida” a través del juicio político, tal como se establece en los artículos 108, 109 y 110 constitucionales.
- “Se podría dar lugar a la configuración del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, que se persigue de oficio y cuya sanción es de cinco a 40 años de prisión”, declaró a La Jornada el también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
- “A mi juicio, la Fiscalía General de la República debe abrir una carpeta de investigación, sin necesidad de denuncia alguna”, para indagar los hechos, señaló.
De la información vertida por la propia gobernadora Campos Galván, el fiscal César Jáuregui y otras autoridades de Chihuahua:
- “Se advierte una acción deliberada e intencional para permitir el ingreso a territorio nacional de personal de la CIA, quienes ejercieron facultades que la Constitución confiere en forma exclusiva a las autoridades mexicanas”, dijo el senador de Morena.
- La gobernadora también violentó la Ley de Seguridad Nacional, en la que se especifica que la presencia de agentes extranjeros en el país requiere la autorización expresa del gobierno federal y se debe limitar a labores de intercambio de información, no a intervenciones directas en el combate al crimen organizado, explicó Inzunza Cázarez.
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que “si se acredita, como lo demuestran hechos ya aceptados por las autoridades de Chihuahua, hay elementos suficientes para realizar un juicio político a la gobernadora Maru Campos”.
- “Hay elementos irrefutables: es gravísimo el reconocimiento de que los agentes de Estados Unidos llevaban uniformes de la policía estatal de Chihuahua para disimular que participaban en una acción contra el narcotráfico”, señaló.
- De todo ello van a hablar con la gobernadora Campos y el fiscal Jáuregui el martes 28 de abril, “y esperamos que aclaren la situación, pero me parece que no tienen para dónde hacerse”, dijo a La Jornada.
- Se observa a “una gobernadora entrampada, que sabe que violó la ley y la Constitución de manera flagrante, pero sigue cometiendo errores, y por ello me parece que se deben analizar los caminos legales para frenar este tipo de acciones”, dijo.
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