El desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia y la inseguridad en la Sierra Tarahumara es culpa del Gobierno de México, dijo la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
- La panista regreso de su paseo en Londres, Inglaterra, lavándose las manos de la situación en Guadalupe y Calvo, con una narrativa en la que responsabiliza de todo a Morena.
Su explicación sobre el desplazamiento forzado de personas en Guadalupe y Calvo en realidad exhibe que Gobierno del Estado permitió operar a los grupos criminales para después culpar al Gobierno de México y a Morena.
- “El último desplazamiento que hubo se originó porque el crimen organizado tronó las líneas de la luz en Guadalupe y Calvo, tronaron también el sistema tecnológico para tener el internet y pues no permitían la entrada de víveres o abasto de suministros alimenticios, empezando por la camioneta de Diconsa”, dijo.
- “Entonces, esos desplazados salieron de Guadalupe y Calvo, pues ante el terror de no tener comunicación, de no tener suministro eléctrico y de no tener alimentación”, expuso.
Entonces se lavó las manos:
- “Entonces, quien debería, todas estas condiciones las brinda el Gobierno federal, Morena, la 4T”, dijo con un tono sarcástico durante una breve conferencia de prensa.
- “Quien debería dar una respuesta es Morena y la 4T, no la gobernadora de Chihuahua que sí combate el crimen organizado y que no esconde a los delincuentes como lo hacen ellos con Rubén Rocha e Inzunza y sus demás secuaces”, dijo.
Contexto: En cinco años, han asesinado a 385 personas en el municipio de Guadalupe y Calvo, ubicado en la Sierra Tarahumara, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.
- El municipio está abandonado por el Gobierno del Estado que encabeza María Eugenia Campos Galván, que no ha habilitado un subcentro Centinela como lo ha prometido una y otra vez.
Datos: Del 1 de enero al 23 de julio, la Fiscalía General del Estadoha contabilizado 59 víctimas, entre ellas 58 de homicidio doloso y una de feminicidio.
- Tan sólo del 20 al 22 de julio fueron 10 las personas privadas de la vida, entre ellas un reconocido feligrés de la comunidad cristiana de Yerbitas y su padre, así como tres jóvenes cuyos cuerpos fueron abandonados dentro de un camión de la paraestatal Diconsa.
- Las autoridades descartaron que sean trabajadores del Gobierno Federal.
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