Mediante un video, la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, para dar acompañamiento y apoyo económico a familiares de personas cuyo paradero se desconoce.
- El programa fue anunciado en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y de inmediato fue criticado por colectivos de familias buscadoras.
- En cinco años, la gobernadora Campos Galván se ha negado a recibir a las familias de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pese a solicitudes constantes de audiencia.
En sus redes, la CEDEHM cuestionó:
“¿Un programa para las familias, sin escuchar a las familias?”
- “Las familias buscadoras solicitaron una audiencia pública con la gobernadora Maru Campos para hablar de desaparición, búsqueda y justicia”.
- “La respuesta fue clara: la gobernadora no se reunió con ellas”.
- “Hoy anuncia un supuesto programa de atención a personas desaparecidas, pero ¿cómo se construye una política para las familias sin escuchar a quienes llevan años buscando?”
- “Las familias no quieren discursos. Quieren respuestas, diálogo y acciones”.
- Este domingo 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el colectivo realiza una marcha y manifestación frente a Palacio de Gobierno.
Antecedentes: El colectivo de familias de personas desaparecidas que acompaña el CEDEHM, integrado por más de 500 familias y el más numeroso del estado de Chihuahua, no acudió al “Encuentro Estatal de Atención a Familias de Personas Desaparecidas”.
- La reunicón fue convocad por la Fiscalía General del Estado para el sábado 29 de agosto en Palacio de Gobierno.
- En un comunicado, el colectivo expuso que “pedimos una audiencia pública con la Gobernadora, conforme a la ley”.
- “El pasado 7 de agosto solicitamos formalmente a la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y su Reglamento, una audiencia pública presidida personalmente por ella, a celebrarse el 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, con alrededor de 150 familiares provenientes de las distintas regiones del estado”.
- “El propósito: presentar propuestas de política pública y de presupuesto, y que el gobierno rindiera cuentas sobre la búsqueda y la identificación forense”.
- “Propusimos, además, que esa audiencia inaugurara un espacio permanente de diálogo y seguimiento entre el Poder Ejecutivo y las familias”.
“La ley obligaba a responder; nadie respondió lo que la ley exige. Conforme a los artículos 64 de la Ley y 43 de su Reglamento, la autoridad tenía diez días hábiles para responder por escrito, aceptando o negando la audiencia; toda negativa debía estar fundada y motivada”.
- El plazo venció el 20 de agosto sin que la gobernadora, a quien se dirigió la solicitud, diera respuesta alguna.
- “Lo que recibimos fue, el 19 de agosto, un oficio de la Fiscalía General del Estado, autoridad a la que no correspondía resolver, que ni concedió ni negó la audiencia: se limitó a ‘reconocer la relevancia de los planteamientos’ y a manifestar ‘disposición’ a participar en espacios “que sean determinados por las autoridades correspondientes”.
- “Y el 27 de agosto, apenas dos días antes, la misma Fiscalía nos ‘invitó’ a un encuentro diseñado unilateralmente: en fecha distinta a la solicitada, con un formato definido por la autoridad y, sobre todo, sin la presencia de la gobernadora”.
- Por esos motivos no asistieron.
“Sustituyeron la audiencia pública que la ley nos reconoce por un evento a modo, en sus términos y sin la titular del Ejecutivo”.
- “Las familias somos sujetas de derechos, no invitadas de cortesía: los espacios de diálogo se construyen con las víctimas, no se les imponen. Acudir sería validar esa simulación”.
- “Nos indigna que, en casi cinco años, la gobernadora nunca haya recibido a las familias. Lo hemos pedido desde el inicio de su administración”.
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