El diputado Óscar Avitia alzó la voz en la tribuna del Congreso del Estado para denunciar el actuar arbitrario de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en la detención de Ninfa Márquez, activista social de Ciudad Juárez acusada del presunto robo de pelucas.
- Mediante un exhorto al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el legislador exigió garantizar el debido proceso de Ninfa.
- Evidenció la disparidad de una justicia que libera a implicados en delitos graves mientras mantiene encarcelada a una madre soltera sin antecedentes penales.
“Es aquí donde tenemos la paradoja: a una persona acusada injusta e infundadamente de robar pelucas, está en prisión, mientras que, por otro lado, una persona presuntamente intoxicada, señalada como responsable de un crimen en el que lamentablemente fallece un hombre de 62 años, se encuentra en libertad”, expuso.
- Avitia Arellanes detalló que el caso está plagado de vicios de origen, comenzando por una clara imposibilidad física, ya que el día y la hora del robo la activista se encontraba en la capital del estado participando en una capacitación pública en el Centro de Convenciones, hecho respaldado por registros y fotografías geolocalizadas.
- A pesar de esto, al día siguiente fue interceptada de forma ilegal por la Policía Municipal —corporación que carece de facultades de investigación— a bordo de un vehículo de plataforma.
La indefensión jurídica escaló durante la audiencia de vinculación a proceso, donde la jueza admitió expresamente no tener certeza de la identidad de Ninfa en los videos del ilícito.
- Sin embargo, en un acto violatorio de sus garantías constitucionales, le impuso a la defensa la carga de “demostrar que no era ella”.
- De esa manera, trasladó indebidamente la responsabilidad probatoria y dictando una prisión preventiva que ya suma un mes, vulnerando además el interés superior de sus dos hijas menores de edad que se encuentran en estado de indefención.
En ese sentido, también pidió a la Fiscalía General del Estado, a través de una serie de preguntas, que explique y transparente sus criterios de supervisión ministerial cuando la detención proviene de la Policía Municipal que carece de facultades de investigación.
- Así como los mecanismos que aplica para verificar la pertinencia de mantener una medida cautelar como la prisión preventiva.
- “Debemos recordar que el acceso a la justicia se debe garantizar tanto a quienes conducen una camioneta Volvo del año, como a quienes van en transporte público”, dijo Avitia Arellanes.
Por último, el diputado aseguró que no guardará silencio ante las injusticias y reiteró que continuará respaldando a la familia de Ninfa en la exigencia de justicia hasta lograr la libertad de la activista.
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