Hay decisiones legislativas que se disfrazan de tecnicismos y en realidad son un acto de blindaje político. La propuesta para incorporar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), Héctor Acosta Félix, al régimen de fuero constitucional avanzó el pasado 18 de septiembre en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se encamina al Pleno del Congreso.
- En el papel, se nos dice, se trata de “proteger la función fiscalizadora”.
- En la práctica, se trata de blindar a un funcionario cercano a la gobernadora que hoy está bajo investigación federal.
Algunos escándalos del “vendedor de impunidad”
Entre algunos de los asuntos donde el Titular de la ASE enfrenta señalamientos y denuncias se encuentran:
- las ventas de terrenos públicos a los amigos de la gobernadora,
- la auditoría testada sobre la contratación para la construcción de Torre Centinela,
- los uniformes del Colegio de Bachilleres,
- los contratos de Ernesto Cordero, amigo de la gobernadora,
- el gasto excesivo en comunicación social,
- las adjudicaciones directas y licitaciones a modo para beneficiar a empresas vinculadas con Víctor Cruz Russek y familia,
- el financiamiento de la mansión dorada de la gobernadora,
- la fiscalización fabricada sobre el refinanciamiento de la deuda pública de 2019, como arma política, entre otros.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la revisión que realizó la ASE del refinanciamiento de la deuda pública del estado en 2019, contradiciendo sus propias conclusiones de unos años antes, donde no encontró observaciones.
- Si esa auditoría fue acaso una simulación, no habría tenido solamente un objetivo de revisión, sino que habría sido utilizada para construir acusaciones contra determinados personajes y usada como arma política para construir una denuncia ante la FACH. Así es el modus operandi de Acosta Félix.
La FGR lo investiga por presuntamente fabricar una auditoría
- El dato más incómodo para los promotores del fuero es también el más simple: el auditor está siendo actualmente investigado por la Fiscalía General de la República.
- La denuncia presentada por José Pedro López Elías —titular de López Elías Finanzas Públicas— señala a Héctor Acosta Félix, entre otros servidores públicos del Estado de Chihuahua, por conductas que incluyen:
- Abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos, delitos contra la administración de justicia y falsedad de declaraciones.
- El núcleo de la denuncia es devastador: que la Auditoría Forense AEF-54/2022 no habría sido un ejercicio técnico de fiscalización, sino un instrumento político construido para incriminar.
- No solo la propia ASE ya había determinado una primera auditoría sin observaciones sobre el refinanciamiento de la deuda pública del Estado de Chihuahua en 2019; sino que además ignoró y negó la entrega de pruebas y evidencia que el propio prestador de servicios le ofreció.
- Y esa auditoría sirvió como base para una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra Javier Corral Jurado, Arturo Fuentes Vélez y el propio López Elías.
El Auditor Acosta Félix dice que no encontró evidencia del refinanciamiento de la deuda pública en 2019; sin embargo, hoy la FGR resguarda un vasto repositorio documental con toda la información de dicho proceso.
La Suprema Corte validó el refinanciamiento que el auditor cuestionó
- Hay un antecedente que los legisladores parecen no recordar en el marco de la discusión de esta reforma. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 31/2019 y reconoció la validez del Decreto LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., mediante el cual el Congreso de Chihuahua autorizó al Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a formalizar el refinanciamiento de la deuda pública estatal.
- Es decir: la base jurídica del refinanciamiento de 2019 fue validada por el máximo tribunal del país. No fue un acto clandestino, ni un capricho administrativo, ni una operación irregular: fue un decreto legislativo que pasó el filtro constitucional y que Acosta Félix también decidió ignorar.
- La ASF ya había revisado lo que el auditor dijo revisar y lo confirmó el Poder Judicial
- El expediente analizado por Zona Free, también documenta que la Auditoría Superior de la Federación realizó en 2019 dos auditorías específicas sobre las operaciones financieras en Chihuahua:
- La 2019-A-08000-19-0594-2020 / 594-DE-GF, sobre las Participaciones Federales y la 2019-A-08000-19-0585-2020 / 585-GB-GF, sobre disciplina financiera y deuda pública, que examinó las 16 operaciones de refinanciamiento de ese año. Esto plantea una pregunta que el Congreso debería responder antes de votar: ¿entonces qué revisó la ASE que la ASF no hubiera revisado ya?
La Constitución Política de nuestro país establece que las participaciones federales solo pueden ser fiscalizadas por la ASF; y tratándose de los recursos que garantizan la deuda pública de un estado, la dimensión federal es indiscutible.
- Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en el Conflicto Competencial 20/2025, donde determinó que las participaciones federales conservan su naturaleza federal; cosa que el auditor Acosta Félix también prefirió desestimar.
La burla del auditor al Congreso de Chihuahua: reabrir una Cuenta Pública ya cerrada
- Hay un punto que raya en el desacato al Congreso local. La Cuenta Pública 2019 fue fiscalizada y aprobada por el Congreso en su momento.
- Años después, la misma ASE realizó una auditoría forense, que sirvió como base de una denuncia ante la FACH, donde el auditor se contradice en sus hallazgos previos.
- Es decir, luego de una primera auditoría estatal y dos auditorías federales de la ASF “sin observaciones”, el auditor convenientemente volvió a abrir la Cuenta Pública que ya había sido fiscalizada y cerrada por el Congreso, sin tener facultad legal para ello.
La anualidad de la fiscalización y la seguridad jurídica de la Cuenta Pública son principios jurídicos del sistema de rendición de cuentas que deben ser vigilados por los legisladores.
- Reabrirlos sin fundamento es, en los hechos, una burla al Congreso que aprobó esa Cuenta Pública.
La suspensión judicial que desnuda al auditor
Como si faltara algo, el juicio de amparo 1103/2026 —promovido por López Elías y su despacho— señaló como autoridad responsable al titular de la ASE.
- El Juzgado Segundo de Distrito de Chihuahua concedió la suspensión definitiva respecto de determinadas comunicaciones públicas utilizadas para linchar mediáticamente a López Elías, antes de que cualquier autoridad judicial resolviera el caso, relacionadas con la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
- En la resolución, la jueza le solicitó a Acosta Félix, abstenerse de realizar declaraciones públicas por vulnerar el principio de presunción de inocencia.
¿Por qué es importante?
- El debate sobre el fuero no debería convertirse en un juicio anticipado contra Acosta Félix; pero tampoco puede realizarse ignorando deliberadamente controversias que hoy están ampliamente documentadas en un contexto político encaminado a un año electoral.
- La Auditoría Superior del Estado existe para vigilar a quienes ejercen el poder y manejan dinero público, pero eso lleva a otra pregunta igualmente importante: ¿quién vigila al auditor?
- Antes de votar, el Congreso de Chihuahua debería explicar con claridad qué pretende proteger: la independencia de una institución o al funcionario que actualmente está al frente de ella.
- ¿Por qué se debe dotar de fuero a un funcionario que actualmente es investigado por la FGR? ¿Será esto parte de un plan transexenal de impunidad a los operadores más cercanos de la gobernadora María Eugenia Campos?
- Con todo eso sobre la mesa, la pregunta no es si el auditor «necesita» fuero.
- La pregunta es: ¿qué mecanismos de control, responsabilidad y rendición de cuentas se van a garantizar al mismo tiempo que se le otorga esa protección? ¿Se trata de una protección o un blindaje?
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Ya se van LAS RATAS CINICAS CORRUPTAS y DESVERGONZADAS..ya se van ya se van a……
Por lo que entiendo, el fuero para el auditor es como la autonomía para el nuevo Fiscal, medidas para cubrir flancos vulnerables de la administración estatal; pero no es vitalicio el puesto de auditor, si lo cambian adiós fuero y bienvenida investigación a su gestión ¿No es así?