La diputada Leticia Ortega Máynez, de Morena, cuestionó las condiciones y el ejercicio del financiamiento de $3 mil millones de pesos autorizado para inversión pública productiva durante 2026.
- Ortega Máynez presentó ante el Congreso del Estado nueve preguntas dirigidas a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua, con el propósito de esclarecer el destino de la nueva deuda pública a largo plazo.
- La legisladora criticó el incremento del endeudamiento estatal y la falta de información específica sobre las obras que serían financiadas con estos recursos, particularmente ante la próxima presentación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2027.
De acuerdo con las cifras expuestas por Ortega Máynez, al tercer trimestre de 2026 la deuda estatal supera los $60 mil 200 millones de pesos, cantidad equivalente a aproximadamente la mitad del Presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal.
- La diputada recordó que, en 2022, el Congreso aprobó una reestructuración de la deuda estatal bajo el argumento de brindar estabilidad financiera.
- Sin embargo, señaló que tres años después la administración estatal solicitó nuevos financiamientos, además de proponer el refinanciamiento de un bono cupón cero por 637 millones de pesos, con un plazo de 25 años.
- “Lo que vendieron como solución mágica en 2022 se convirtió en un parche temporal”, cuestionó la legisladora, al señalar que, pese a la reestructuración, el Gobierno del Estado volvió a solicitar financiamiento y ampliar los plazos de pago.
Sobre el financiamiento de $3 mil millones de pesos, Ortega Máynez advirtió que su autorización contempló conceptos generales de infraestructura, como construcción de vías de comunicación y edificación no habitacional, sin identificar las obras concretas ni presentar sus respectivos proyectos ejecutivos.
- “En pocas palabras, se extendió un cheque por $3 mil millones de pesos sin justificar y menos precisar en qué se estaría gastando dicho empréstito”, expresó.
- Por ello, solicitó información sobre las instituciones financieras involucradas, las condiciones y el costo de los créditos, así como una relación detallada de las obras financiadas, su ubicación, los montos asignados, la población beneficiaria y los avances registrados hasta el tercer trimestre de 2026.
Las preguntas también incluyen los procedimientos de contratación, las empresas responsables de ejecutar los proyectos, posibles sobrecostos o retrasos y los mecanismos establecidos para garantizar que el dinero se destine exclusivamente a las inversiones autorizadas por el Congreso.
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