Por unanimidad, el Congreso del Estado reeligió a Héctor Acosta Félix como titular de la Auditoría Superior de Chihuahua por siete años más.
- La decisión garantiza impunidad transexenal a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
- Acosta Félix fue reelecto con 31 votos a favor, incluyendo los votos del Grupo Parlamentario de Morena, y cero en contra.
- De esa manera, el panista ocupará de nueva cuenta el cargo del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2032.
Por qué es importante: Acosta Félix convirtió a la Auditoría Superior en un arma de persecución política de adversarios de Campos Galván y se ha dedicado a encubrir la corrupción de la gobernadora, desechando inclusive denuncias de diputados morenistas.
- En el caso más evidente de acoso a adversarios, Acosta Félix manipuló el resultado de una auditoría por los servicios de restructuración de la deuda pública en 2019, para justificar la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, también convertida en una herramienta de venganza de la gobernadora.
Antecedentes: Como titular de la Auditoría Superior del Estado, Acosta Félix ha encubierto los principales casos de corrupción que involucran a la gobernadora, como la impresión de “cuadernillos didácticos”, el malgasto por “La golondrina y su príncipe” y la venta de uniformes del Cobach, sin contrato:
- Acosta Félix no determinó observaciones en el gasto de casi 30 millones de pesos para la impresión de “cuadernillos didácticos” que realizó la gobernadora Campos Galván cuando no quiso entregar los Libros de Texto Gratuitos de la SEP, por parecerle de un contenido “comunista”.
- Avaló el pago irregular de 34 millones 800 mil pesos a la empresa AEFE SA de CV, por 12 funciones de la obra “La golondrina y su príncipe” en 2022, en pago a un patrocinador de campaña.
- Tampoco encontró ninguna irregularidad en el negocio de más de 38 millones de pesos por la venta de uniformes a estudiantes de los Colegios de Bachilleres de Chihuahua en 2022, sin contrato de por medio.
- Desde el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Acosta Félix se ha negado a fiscalizar el contrato de 4 mil 710 millones de pesos otorgado mediante adjudicación directa a Seguritech Privada por la Plataforma y Torre Centinela, edificio cuya construcción tiene dos años de retraso.
- En agosto de 2024, el PAN presentó una iniciativa de reforma Constitucional para extender ocho años el periodo de Acosta Félix como auditor Superior de manera automática, pero después del escándalo generado, el intento no prosperó.
La manipulación de auditorías: En la revisión de la Cuenta Pública 2019 de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, no determinó observaciones en los servicios contratados para la reestructuración de deuda pública.
- El auditor revisó un contrato por 49 millones 300 mil pesos otorgado en 2019 a la moral López Elías Finanzas Públicas S.C. por “Servicios de la estructuración de la reestructuración de la deuda pública” de Chihuahua.
- La auditoría realizada documentó la prestación del servicio y no encontró ninguna irregularidad.
- Sin embargo, ya en la gestión de María Eugenia Campos Galván como gobernadora, manipuló el resultado por consigna.
- En 2022 presentó el “Informe Individual de Auditoría Forense 2021” determinó que los servicios de reestructuración contratados en 2019 y en 2020, por la misma cantidad, supuestamente no fueron prestados, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
- El resultado de la Auditoría Forense 2021 lo ha utilizado la gobernadora para perseguir penalmente al ex secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y a Javier Corral, utilizando por consigna a la Fiscalía Anticorrupción.
- Corral ha informado que Héctor Acosta Félix nunca permitió aclarar las observaciones ni presentar las pruebas para demostrar el cumplimiento del servicio, lo cual está documentado por miles de páginas y entregables oficiales.
La suma de inconsistencias técnicas, omisiones normativas y conclusiones cuestionadas derivó en la intervención directa de la ASF y la FGR.
- Ambas instancias verifican posibles errores sustantivos y deficiencias profesionales en el informe forense realizado bajo la conducción de Acosta Félix.
- Analistas consultados advierten que los diputados locales podrían enfrentar consecuencias institucionales al optar por la ratificación de un funcionario cuya labor se encuentra bajo escrutinio nacional.
- En un escenario adverso, la permanencia de Acosta Félix podría culminar en una destitución posterior, profundizando la tensión entre los órganos de fiscalización y ampliando las dudas sobre la independencia del sistema estatal.
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