Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, vuelve a colocarse en el centro del debate público.
- Esta vez, no solo por la intención del Congreso estatal de reelegirlo con el respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos, sino porque tanto la Fiscalía General de la República como la Auditoría Superior de la Federación mantienen abiertas investigaciones sobre su desempeño reciente.
- De acuerdo con la documentación revisada, las indagatorias federales abarcan los últimos siete años de su gestión.
- En ese periodo, Acosta Félix ha sido señalado por presunto encubrimiento de irregularidades dentro del Gobierno estatal, así como por su presunta participación en la fabricación de delitos contra opositores políticos.
Este contexto ha provocado que los organismos federales analicen no solo sus decisiones administrativas, sino también su papel en procesos clave de fiscalización.
- Uno de los episodios que mayor atención ha generado es la denominada “Auditoría Forense a la deuda pública 2021”.
- Aunque la empresa López Elías Finanzas Públicas, S.C., responsable del proceso de refinanciamiento de la deuda estatal en 2019, ya había sido auditada sin encontrarse irregularidad alguna, Acosta Félix ordenó una nueva revisión dirigida exclusivamente contra ese despacho.
- Especialistas en fiscalización han señalado que este procedimiento podría contravenir el principio constitucional que prohíbe investigar dos veces por el mismo hecho.
- Además, la auditoría sustentó sus conclusiones en una premisa calificada como “insostenible”: asumir que, al no localizarse un informe en Hacienda, el proveedor no lo entregó y, por lo tanto, no realizó su trabajo.
A este señalamiento se suma un aspecto de mayor gravedad jurídica.
- De acuerdo con el artículo 79 de la Constitución federal, las auditorías relacionadas con recursos provenientes de Participaciones Federales corresponden exclusivamente a la ASF.
- Pese a ello, la Auditoría Superior del Estado intervino en ese ámbito sin tener facultades para hacerlo, lo que podría constituir una invasión de competencias y una violación al principio de legalidad.
- El informe elaborado tampoco consideró el Decreto de Autorización del refinanciamiento aprobado por el Congreso local, un documento indispensable para analizar la legalidad del proceso.
La suma de inconsistencias técnicas, omisiones normativas y conclusiones cuestionadas derivó en la intervención directa de la ASF y la FGR.
- Ambas instancias verifican posibles errores sustantivos y deficiencias profesionales en el informe forense realizado bajo la conducción de Acosta Félix.
- No obstante, el Congreso de Chihuahua avanza hacia su reelección, decisión que especialistas consideran arriesgada debido al potencial impacto político y jurídico que podrían tener las investigaciones federales.
- Analistas consultados advierten que los diputados locales podrían enfrentar consecuencias institucionales si optan por ratificar a un funcionario cuya labor se encuentra bajo escrutinio nacional.
- En un escenario adverso, la permanencia de Acosta Félix podría culminar en una destitución posterior, profundizando la tensión entre los órganos de fiscalización y ampliando las dudas sobre la independencia del sistema estatal.
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