El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, amenazó con dejar de realizar auditorías al 75% del presupuesto estatal cuyos ingresos son federales, con el pretexto de la resolución de un Tribunal Colegiado sobre el caso de Javier Corral.
- Acosta Félix acudió a una reunión con integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, que preside la diputada Leticia Ortega Máynez, de Morena, para informar sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.
- Sin embargo, el Auditor Acosta Félix utilizó el espacio para referirse al ex gobernador Javier Corral, por la atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República, en un caso iniciado por la Fiscalía Anticorrupción que fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado.
- El 9 de enero de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y ordenó desistirse del conocimiento del asunto a las autoridades locales y remitir los expedientes al fuero federal, relacionados con el refinanciamiento de la deuda pública 2019.
- “Entonces, sin entrar en detalles, diputada, yo le pediría una reunión especial con ustedes para analizarlo y para determinar si en 2026 vamos a entrar o no a auditar participaciones federales”, dijo Acosta Félix.
- “Si vamos a a seguir este criterio y defendemos como lo hemos hecho nuestros asuntos en tribunales o nos vamos con el criterio que estableció el Tribunal Colegiado”, expuso.
- La diputada Ortega Máynez respondió que no existe peligro para la Auditoría Superior del Estado y aclaró que existen mecanismos de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación que deben activarse.
Según Acosta Félix, “con la resolución donde se determina la atracción del expediente relacionado con el ex gobernador de Chihuahua, por parte de la Fiscalía General de la República, se resuelve algo que afecta o potencialmente afecta las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado para fiscalizar participaciones federales”.
- “¿Qué implica esto? Implica que podría quedar sin auditarse, en el caso de Chihuahua, 75% de los recursos del presupuesto estatal”, dijo.
- “Es decir, lo que lo que el Tribunal está diciendo es, participaciones federales de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal solo son competencias de autoridades federales tanto para fiscalizar como para aplicar sanciones”, expuso.
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