El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, mantiene una estrategia pública basada en afirmaciones que han sido desmentidas por instancias federales, al insistir en que el caso del exgobernador Javier Corral Jurado continúa bajo control estatal.
- Ello, pese a que un Tribunal Colegiado de Circuito ya resolvió de manera definitiva que la carpeta debe ser atraída por la Federación.
- La resolución del órgano federal no deja espacio a interpretaciones: es cosa juzgada.
- Sin embargo, lejos de acatarla, la Fiscalía ha optado por construir una narrativa paralela que especialistas califican como jurídicamente insostenible y políticamente motivada.
El discurso del fiscal se ha sostenido en la reiteración de supuestos recursos y vías legales que, en los hechos, no tienen alcance para modificar el fondo del asunto.
Particularmente, ha intentado involucrar al Tribunal de Disciplina Judicial como si este pudiera revisar o revertir decisiones jurisdiccionales, lo cual es falso.
- Dicho órgano carece de facultades para intervenir en sentencias definitivas y su competencia se limita exclusivamente a procedimientos administrativos contra juzgadores.
- En otras palabras, no existe ningún recurso activo que mantenga el caso “sub judice”.
- La afirmación es incorrecta y contradice abiertamente el marco constitucional y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Fuentes jurídicas advierten que, tras fracasar en su intento de promover la recusación de los juzgadores federales para intentar apartarlos de conocer el caso, la Fiscalía ha recurrido a una ruta paralela: denunciar a jueces y magistrados en un intento por deslegitimar resoluciones firmes que ya no admiten revisión.
- No obstante, estas acciones no tienen efectos sobre el fondo del caso ni alteran su curso legal.
- La insistencia en esta narrativa ha comenzado a ser interpretada como un intento deliberado por dilatar el proceso y evitar costos políticos en un contexto electoral sensible.
- “Se está construyendo una cortina de humo para confundir a la opinión pública”, señalan especialistas consultados.
El fondo del asunto, sin embargo, permanece intacto: un Tribunal Colegiado ya determinó que la investigación debe ser conocida por la Federación, precisamente ante los señalamientos de irregularidades, vicios procesales y posibles actos de corrupción que rodean el caso.
- En este escenario, la postura del fiscal no sólo confronta una resolución judicial firme, sino que coloca bajo cuestionamiento el uso político de la procuración de justicia en Chihuahua, en un episodio que podría escalar más allá del ámbito local.
- Por otra parte, la promoción de este tipo recursos que no guardan lógica con los procedimientos jurídicos siembran la duda sobre si el Fiscal realmente se cree todo lo que declara o si miente deliberadamente a la gobernadora buscando conservar su trabajo.
- En cualquiera de las hipótesis anteriores, resulta preocupante que un fiscal anticorrupción desconozca las vías, plazos y procesos jurídicos de los asuntos que tiene a su encargo, poniendo en entredicho una vez más, si designarlo en el puesto fue lo correcto para la lucha contra la corrupción en Chihuahua.
Para saber más:
• Del abuso al encubrimiento: Cómo una biblioteca federal fue usada como rehén político
¡SÍGUENOS Y COMPARTE!
Únete al canal de WhatsApp de ZONAFREE para conocer nuestras investigaciones sobre corrupción en Chihuahua.
¡Dale clic y síguenos!
