El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aprobó la solicitud de inicio de un referéndum legislativo relacionado con el restablecimiento de las disposiciones que ordenaban la elección directa de regidurías.
- La solicitud fue promovida por Cecilia Mariel Martínez Lozano, Sergio Ramón Meza de Anda y Abelamar Chacón Rodríguez avanza a la etapa de obtención del respaldo ciudadano.
- La pregunta aprobada para este instrumento de participación política es: ¿Deben restablecerse las disposiciones de la Ley Electoral y del Código Municipal para el Estado de Chihuahua que ordenaban la elección directa de regidurías?, con las opciones de respuesta “Sí” y “No”.
El referéndum se relaciona con los artículos Tercero y Cuarto del Decreto No. LXVIII/RFLYC/0558/2026 VIII P.E., expedido por el Congreso del Estado y publicado el 30 de junio de 2026.
- Estos artículos derogaron las disposiciones transitorias que contemplaban la entrada en vigor de la elección directa de regidurías por demarcación territorial para el Proceso Electoral Local 2026–2027.
Para que el instrumento pueda continuar, las personas promoventes deberán reunir al menos 15 mil 322 respaldos ciudadanos válidos, equivalentes al 0.5 por ciento de la Lista Nominal considerada para este ejercicio.
- El periodo para recabar los apoyos será del 23 de septiembre al 21 de diciembre de 2026, a través de la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE”.
- El IEE realizará las gestiones técnicas correspondientes y brindará capacitación a las personas promoventes y auxiliares para el uso de esta herramienta.
La aprobación de la solicitud no implica que el referéndum haya sido convocado ni que la Jornada de Participación Ciudadana vaya a realizarse de manera automática.
- Tampoco representa un pronunciamiento del Instituto a favor o en contra de la elección directa de regidurías. Solamente si se alcanza el mínimo establecido podrá determinarse si el procedimiento continúa hacia la convocatoria y, eventualmente, a una Jornada de Participación Ciudadana.
- Se trata de un acceso de la ciudadanía a los instrumentos de participación política previstos en la legislación y conduce su implementación bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
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