El lunes 9 de noviembre de 2026, la agente del Ministerio Público, Irma Angélica Giner Domínguez, fue removida del área de Fraudes Mayores, que operaba como parte de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.
- El martes 20 de octubre de 2026, Heliodoro Araiza Reyes presentó su renuncia como titular de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, tras la llegada de Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General.
- El modus operandi de Giner Domínguez y de Araiza Reyes ahora está bajo la lupa de las investigaciones internas de la Fiscalía estatal, por los señalamientos en su contra de haber utilizado sus cargos para manipular expedientes en asuntos de alto interés económico con el propósito de obtener un beneficio personal.
- La siguiente información no implica por sí misma responsabilidad penal o administrativa de las personas citadas en los hechos narrados, pero pretende aportar elementos para contribuir a esclarecer los señalamientos de presuntas irregularidades en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.
Contexto: Para entender a cabalidad la reciente salida de la agente del Ministerio Público del mal llamado grupo “Fraudes Mayores”, es necesario conocer el contexto de la creación del mismo, de acuerdo con información pública y distintas fuentes consultadas.
- El 26 de julio de 2023, Heliodoro Araiza Reyes fue nombrado Fiscal de Distrito de la Zona Centro en sustitución de Francisco Martínez Valles.
- Una vez que asume la titularidad, realizó una serie de nombramientos y movimientos dentro de la institución, entre lo que destaca la creación de un grupo de investigación que denominaron “Fraudes mayores”, ello dentro de la propia Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales que originalmente era quien atendía todo ese tipo de asuntos.
- Al frente de ese grupo nombró a la licenciada Irma Angélica Giner Domínguez con un firme propósito: impulsar y sacar adelante asuntos de interes exclusivo del entonces fiscal Heliodoro Araiza Reyes, los cuales de manera particular serían litigados por abogados pertenecientes a su despacho legal, de acuerdo con distintas fuentes consultadas.
- De esa manera, convertían en una auténtica y terrorífica persecución la investigación en curso en contra de los objetivos a los que les imponían la marca de imputados.
- Vale la pena destacar que los asuntos de interés eran principalmente de alto valor económico.
Los asuntos que en ese grupo se ventilaron eran de aquellos en los que principalmente la parte que se decía víctima, así como la persona imputada, contaban con un poder adquisitivo elevado.
- Por ello y ante ello, Irma Angélica Giner Domínguez y sus elementos a cargo, se valían prácticamente de la amenaza y extorsión para atemorizar a los imputados y su familia, obviamente bajo la acción de inmovilizarles cuentas, cateos en sus propiedades, detenerlos y procesarlos, de acuerdo con las fuentes.
- Es aquí cuando los litigantes relacionados o pertenecientes al despacho de Heliodoro Araiza Reyes entraban en acción y hacían su agosto, lo cual era un secreto a voces al interior de la Fiscalía Zona Centro.
De acuerdo con fuentes de la misma dependencia, existe una constante en los expedientes que en ese grupo manejaban:
- Los nombres de los abogados Jesús Jonathan Domínguez Pasapera, David Omar Chávez Gardea, Amador Muñoz Barraza, Hugo Daniel Aguilar Ortega, entre otros, quienes al servicio de Heliodoro Araiza Reyes y en contubernio con Irma Angélica Giner Domínguez y sus agentes, se encargaban de hostigar a los imputados y sus familias, hasta lograr arrancarles el mayor beneficio económico posible, siempre mediando la amenaza y, desde luego, con el apoyo de la estructura de la Fiscalía.
Para lograr lo anterior era necesario contar con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
- Ello, para obtener actos de investigación como lo son la inmovilización de cuentas bancarias y activos, el obsequio de órdenes de cateo y de aprehensión, medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva o la prohibición de salir de la ciudad.
- Lo anterior, con el consecuente retiro de los documentos migratorios, así como finalmente la obtención del dictado de autos de vinculación a proceso.
¿Cómo operaban? Las fuentes consultadas exponen el mecanismo a través del cual funcionaba la red de complicidades con integrantes del Poder Judicial:
- Los asuntos que llegaban marcados o encargados por Heliodoro Araiza Reyes eran distribuidos entre jueces a modo.
- Aquí es donde entran en acción el Magistrado de la Cuarta Sala Penal, Gerardo Acosta Barrera y su subalterno, Leo Luna Corte, Director de Gestión Judicial Penal.
- El modo de operar es el siguiente: Gerardo Acosta Barrera baja la instrucción de un determinado asunto que se pretende judicializar y Leo Luna Corte, dada su función, era el encargado de distribuir esos asuntos entre los jueces a modo para obtener las resoluciones favorables a sus intereses.
- Basta con revisar que, entre los jueces que ya no están por cierto, pero a lo que “comúnmente” les asignaban asuntos provenientes de dicho grupo, destacan María Guadalupe Hernandez Lozano, Margarita Elisa Romero Sánchez, Edgar Oswaldo Torres Sandoval y Jéssica Selene Beltrán Jiménez.
- Beltrán Jiménez fue premiada al ser colocada como Secretaria de Acuerdos en carácter de “comisionada”, en la Tercera Sala Penal que preside la tristemente célebre Hortencia García Rodríguez.
De igual manera se opera con algunos de los jueces que continúan en activo como lo son: Blanca Leticia Rojas Vargas y Lizbeth Alondra Chávez Jurado.
- El motivo por el cual se asigna o se asignaba a los jueces de siempre era simple: había que conceder favorablemente todas y cada una de las pretensiones de Irma Angélica Giner Domínguez y sus agentes, con lo que lograban doblegar a los imputados y sus familias y obtener grandes ganancias, de acuerdo con las fuentes consultadas.
- Pero Heliodoro Araiza Reyes y su gente también operaba a la inversa: si les interesaba proteger al imputado, los mismos abogados mencionados con anterioridad fungían como defensores y las carpetas de investigación jamás avanzaban, los agentes del ministerio público se encargaban de paralizarlas hasta lograr la caducidad o prescripción de la acción penal.
Un ejemplo: El caso de la persecución de la que fue objeto el entonces empresario Ignacio Javier Fernandez Valles exhibe el modus operandi del grupo.
- Fue detenido en febrero de 2025 por agentes de la policía ministerial a cargo de Irma Angélica Giner Domínguez, violando una suspensión definitiva concedida por un Juez Federal.
- Fueron esos agentes al servicio de Giner Domínguez quienes llevaron a cabo su aprehensión en Distrito 1 mientras paseaba a su mascota y no el Grupo Especial de Órdenes de Aprehensión, que es el encargado de ejecutar esos mandamientos.
- La orden fue clara. “Yiyo”, como es conocido en la entidad, no se estaba escondiendo, por lo que había que llevárselo detenido a como diera lugar y así aconteció.
- Durante su estancia nocturna le “tramitaron” una nueva orden de aprehensión que le cumplimentaron en la mañana.
- Por cuanto a la detención arbitraria en la que le violaron la suspensión, ordenaron su libertad, pero esta ya no la pudo recuperar en virtud de la nueva aprehensión que le habían ejecutado.
- Luego de ella, le siguió otra, hasta que el día 4 de abril de 2025, lo forzaron a celebrar un acuerdo reparatorio en el que cedió la mayor parte de sus activos, a cambio de obtener su libertad.
Respecto de los asuntos que rodearon a este personaje destacan como víctima Priscila Armendariz Miramontes, comadre de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y cercana a Heliodoro Araiza Reyes, pues incluso en revistas de sociedad aparecen los tres posando para sendas fotografías en un bautizo.
- Los abogados que fungieron como asesores jurídicos en esos asuntos, cinco carpetas de investigación cuando menos, fueron Jesús Jonathan Domínguez Pasapera y David Omar Chávez Gardea, ambos abogados litigantes del despacho de Heliodoro Araiza Reyes, de acuerdo con las fuentes.
- Incluso, en una de las carpetas de investigación fue tanto el desaseo, que este último jamás fue revocado de su nombramiento como asesor jurídico, estando ya en funciones de Fiscal.
- Llegaron al extremo de duplicar una causa penal para colocar un Juez a modo.
- Existiendo ya la causa penal 353/2023 en proceso, Irma Angélica Giner Domínguez solicitó fecha para judicializar el asunto como si se tratara de algo nuevo.
- Es decir lo dirigió a Juez de Control en Turno, a sabiendas que ya existían actuaciones de un Juez diverso que estaba conociendo del asunto, pero como no era afín de Heliodoro Araiza Reyes y de Gerardo Acosta Barrera, se valieron de ello para que se radicara con un nuevo número de causa penal, ahora 1437/2024.
- Se lo asignaron a la jueza Margarita Elisa Romero Sánchez, quien, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, pretendió seguir conociendo de dicho asunto.
- Al respecto, Leo Luna Corte se limitó a decir que se trataba de un simple error, el cual jamás quiso corregir con tal de imponer a alguno de sus jueces afines.
Situaciones similares han acontecido en asuntos de la familia López Sroor, donde la mamá y dos de sus hijas fueron aterrorizadas por los sistemas de procuración y de impartición de justicia.
- Ello, a instancias de una de sus hermanas de nombre Belinda, quien valiéndose de su posición económica, se allegó de los servicios de Heliodoro Araiza Reyes por conducto de los abogados de su despacho y desató una autentica persecución en contra de aquellas.
- Mediante la imposición de jueces de consigna les dictaron cateos (a pesar de que el grupo se denominó Fraudes Mayores, irrumpieron en el hogar en busca de un vehículo con un valor de $60 mil pesos), impusieron medidas cautelares restrictivas de su libertad, les inmovilizaron durante un año sus cuentas bancarias, les dictaron vinculaciones a proceso.
- Les han incoado en su contra las investigaciones más absurdas que se puedan asimilar, incluso extendiendo esa ilegalidad hacia uno de los hijos de las hermanas López Sroor.
- Aún y cuando les han sido concedidos el amparo y protección de la justicia federal en contra de las ilegales vinculaciones a proceso, actualmente continúan padeciendo las consecuencias de dichos procesos.
- Siempre, con el latente temor de que en cualquier momento encarcelen a Doña Mavi, madre de ellas y quien cuenta con 83 años de edad, y a la cual, en las carpetas de investigación en las que aparece con el carácter de víctima y como imputada su hija Belinda, le han negado la posibilidad de recibir justicia “congelando” las investigaciones o de plano decretando el no ejercicio de la acción penal, las cuales por cierto también han sido revertidas mediante determinación judicial.
De ahí que es inaceptable que la agente ministerio público Irma Angélica Giner Domínguez, hoy tiktoker, pretenda victimizarse por la forma en la que dejó de pertenecer a ese grupo formado por el entonces fiscal de Distrito, Heliodoro Araiza Reyes.
- Lo cierto es que tendrá que afrontar las consecuencias de todo el daño causado, con motivo de la avaricia desmedida de todos estos personajes, de acuerdo con fuentes de la misma Fiscalía.
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