La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa por casi 98 millones al PRI, por la recepción ilegal de recursos públicos, en el caso de la “nómina secreta” de César Duarte durante 2015.

• La multa fue impuesta por el Instituto Nacional Electoral al PRI el 27 de marzo de 2023.
• La autoridad electoral sancionó al partido con una reducción del 25% de su financiamiento público mensual destinado a gastos ordinarios permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $97,916,665.00.
• En cumplimiento a la resolución, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE envió un oficio por el que se le informó al PRI la deducción de financiamiento que se aplicaría a partir de julio para cubrir la sanción por recibir aportaciones de personas prohibidas por la ley.
• En desacuerdo con el oficio, el PRI acudió ante la Sala Superior del TEPJF para impugnar la sanción.
• Los magistrados resolvieron que “el hecho de que el partido tenga otras multas pendientes de pago únicamente se debe a que ha realizado conductas indebidas”.
• La multa “es acorde con el sentido y efecto disuasivo que deben tener las sanciones, ya que entenderlo de manera distinta generaría incentivos contrarios al efecto que se busca”.
• La resolución del expediente SUP-RAP-121/2023 fue tomada por unanimidad, durante la sesión de la Sala Superior, el jueves 27 de julio de 2023.

¿Por qué es importante? La ratificación del Tribunal Electoral, de la multa del INE al PRI, también confirma la existencia de la nómina secreta de César Duarte para el pago a diversos actores políticos, activistas y comunicadores, con el propósito de cooptarlos.

• La gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fueron beneficiarios de la nómina secreta y de la red de corrupción duartista.
• La sanción es resultado de una denuncia promovida el 4 de junio de 2018 por Stefany Olmos Loya, en su calidad de Secretaría de la Función Pública y como parte de la Operación Justicia para Chihuahua.

Es la segunda multa que impone el INE al PRI derivada de la Operación Justicia para Chihuahua implementada por Javier Corral Jurado en su periodo como gobernador de 2016 a 2021.

• La primera fue el 18 de julio de 2018, por $36.5 millones, en el caso de la retención de una parte del sueldo a personal estatal para entregarlo al PRI.

Antecedentes. El 27 de marzo de 2023, el Consejo General del INE resolvió imponer una multa de 97 millones 916 mil 665 pesos al CEN del PRI, por la recepción ilegal de recursos públicos en el caso de la “nómina secreta” de César Duarte durante 2015.

• La Unidad Técnica de Fiscalización del INE acreditó que a través de la Secretaría de Hacienda se expidieron cheques a nombres del Servicio PanAmericano de Protección.
• La empresa cobraba los cheques y el efectivo, empaquetado y con sellos de seguridad, era entregado al entonces Tesorero, Joaquín Francisco Hernández Vega y guardado para su custodia en una caja fuerte de la Secretaría de Hacienda.
• De enero a diciembre de 2015, fueron entregados 39 millones 166 mil 666 pesos a Pedro Mauli Romero Chávez, entonces Secretario de Finanzas y Administración del PRI estatal como “apoyo extraordinario”, de acuerdo con 13 recibos firmados por el priista y que documentó el INE.
• En ese periodo se emitieron 13 cheques por un monto total de 73 millones 666 mil pesos, los cuales fueron cobrados por el Servicio PanAmericano de Protección y el efectivo regresado a la tesorería.
• El resto del dinero efectivo era utilizado por el propio Duarte Jáquez para el pago de “compromisos personales” a distintas personas.
• Los cheques eran endosados por el entonces Tesorero, Joaquín Francisco Hernández Vega, y por el titular de la Dirección de Programación de Control de Pagos y Control Financiero de Inversiones, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.
• La multa será pagada por el CEN del PRI debido a que el Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua no tiene solvencia económica para hacerlo.

La denuncia involucra a Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, quien es uno de los exfuncionarios duartistas que acusó al exfiscal Francisco González Arredondo de supuesta “tortura psicológica”.

• También a los dos principales operadores de sacar y recibir los recursos: Cristopher Daniel James Barousse, beneficiario de la “nómina secreta” y Pedro Mauli Romero Chávez, quien recibió una condena de 3 años y cuatro meses de prisión por corrupción.
• Con la sanción del INE, la cifra de dinero recuperado por la Operación Justicia para Chihuahua, alcanza casi los 2 mil millones de pesos por las tres vías, administrativa, fiscal y penal, a través de recuperación de dinero por reparación del daño, créditos fiscales, aseguramientos que ya pasaron a propiedad del Estado, y multas.

Contexto penal. Por el caso de la nómina secreta sancionada por el INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales atrajo una causa penal que se había iniciado en el fuero común y abrió la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CHIH/0000121/2018.

Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, entonces Jefe del Departamento de Programación y Control de Pagos de la Secretaría de Hacienda, declaró el 5 de octubre de 2019, ante el Ministerio Público federal que el mecanismo de pagos al PRI:

• “Se debía a un acuerdo del gobernador con el presidente estatal de dicho partido, que en ese tiempo era el Lic. Alejandro Domínguez”.
• “Esas operaciones serían coordinadas por el Lic. Gerardo Villegas Madrigales y el Lic. Adrián Dozal, con cargo a las compensaciones del personal burócrata y que para ello se estaría emitiendo un cheque mensual de la cuenta bancaria asignada a esa dirección para el pago de nómina hasta por $5,000,000.00 (cinco millones de pesos)”.
• Gerardo Villegas Madriles era Director General de Administración y Adrián Dozal Dozal fungía como Director de Recursos Humanos.

Pedro Mauli Romero Chávez, entonces Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del PRI, declaró lo siguiente al Ministerio Público federal, dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CHIH/0000121/2018:

• Aceptó que recibía mensualmente del tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua recursos en efectivo por montos de 3 millones de pesos y otra cantidad que oscilaba entre un millón y un millón 300 mil pesos, por las cuales firmaba recibos para acreditar la recepción de tales recursos en efectivo.
• Los montos eran destinados, en su función de representante de Finanzas y Administración del PRI, para pagar los sueldos de los presidentes y secretarios de 65 comités municipales del PRI, diversos gastos de naturaleza corriente como papelería, artículos de limpieza, mantenimiento de edificios y mobiliario.
• También en apoyos a deportistas, enfermos y sus familiares para traslados, banquetes, comidas, renta de oficinas organizacionales del partido y gastos de la presidencia del PRI en el estado.

El destino de los recursos derivados de una cuenta en BBVA Bancomer, “básicamente se dividía” en dos componentes relevantes, de acuerdo con el testimonio por escrito del exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, de acuerdo con el número de expediente INE/P-COFUTF/181/2018/CHIH.

• “El cobro del cheque por el monto total por parte de la Tesorería del estado y la entrega de manera directa al Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en efectivo contra la firma de un recibo simple hasta por una cantidad de 3MDP mensuales o algún importe adicional que se instruía directamente por el ex Gobernador César J. Duarte Jáquez”.
• “El monto restante, es decir, 2MDP mensuales, tenía como destino diferentes compromisos contraídos directamente por el ex Gobernador con distintas personas que mensualmente acudían a la oficina de la tesorería para el cobro de importes acordados directamente entre cada una de las personas y el ex Gobernador”.

Herrera Corral declaró que él “no autorizó ni firmó la emisión de estos cheques, ya que dicha cuenta era administrada, operada y ejecutada por la Dirección de Recursos Humanos, quien a su vez dependía de la Dirección General de Administración”.

Para saber más:

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